En el edificio de viviendas públicas situado en la calle País Valencià de l’Alcora ya no hay okupas. Esta es la contundente respuesta de la Generalitat a la denuncia hecha pública hace unos días por el Partido Popular del municipio, que decía hacerse eco de las quejas por comportamientos incívicos y el malestar vecinal consiguiente. Desde la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) aseguran que «solo queda una vivienda social en proceso de regularización».
Nadie niega que el problema haya existido. El alcalde, Samuel Falomir, lo reconoció en el pleno municipal; el director general de Vivienda, César Jiménez, explica que antes del verano hubo dos familias ocupando pisos, pero en cuanto tuvieron constancia intervino la Policía Local, vaciaron los inmuebles y tapiaron los accesos de cinco pisos. También admite que recientemente impidieron dos intentos de ocupación. Pero hoy por hoy, estas incidencias se han solventado y la familia que permanece en el edificio está bajo supervisión oficial, con el propósito de formalizar su acceso legal a la vivienda que habitan.
Esa familia es la de Ángel Sierra, que tiene un hijo menor. Sierra asegura a Mediterráneo que lleva seis meses viviendo en el piso, desde que un trabajador municipal, un barrendero, le entregó la llave en «un trato de palabra», concreta el okupa bueno. Admite que no sabe «si fue lo correcto», pero él y su familia se han «integrado muy bien» y colaboran «con la comunidad de vecinos», destaca. Su compromiso con el edificio lo ha llevado, según explica, a limpiar las zonas comunes y el garaje, se preocupa «de que no haya chanchullos con los contadores» y ha ido «reformando la vivienda y comprando electrodomésticos nuevos», señala. Y pese a todo ello y a no tener denuncias en su contra, teme que la Generalitat le puede «echar» del inmueble donde residen ahora.
Caso en estudio
Aunque no parece que vaya a suceder algo así. César Jiménez afirma que se han informado sobre su caso y ante «la buena convivencia» que habrían corroborado los técnicos, existiría la posibilidad de regular su situación. De hecho, su departamento ya estaría trabajando en ello.
El director general de Vivienda remarca que no es la primera vez que deben gestionar situaciones como la que se están produciendo en l’Alcora y defiende que es necesario estudiar caso por caso, en especial cuando hay menores, porque «la protección del menor va por delante de todo, no se puede dejar a ninguno en la calle».
Respecto al tapiado de puertas y ventanas, desde el EVHA remarcan que solo es una medida preventiva, porque las viviendas están disponibles por si alguna familia de l’Alcora lo necesita.
«Este caso merece analizarlo y hacer todo lo posible para regularizar su situación»
Jiménez expone que en ocasiones es necesario «judicializar la gestión», aunque muchos propietarios, para evitar ir a los tribunales, no denuncian. Pero hay otras circunstancias en las que el comportamiento es bueno, como remarcan que pasa con el caso de l’Alcora, y «merece analizarlo y hacer todo lo posible para regularizar su situación», expone.
El primer edil dice que desde el Ayuntamiento siempre han estado «en contacto con los vecinos» y han «mantenido reuniones con la Policía Local» con el propósito de buscar salidas, han estado «a disposición de los residentes». Una de las líneas de actuación ha sido «colaborar para evitar nuevas ocupaciones y tratar que no se altere la convivencia, dentro de las competencias municipales», añade.
