Cuando el conflicto por la titularidad de las casas de Torre la Sal parecía haber dado una pequeña tregua momentánea, al menos mientras Costas estudia todas las alegaciones presentadas por las partes implicadas, la respuesta que ha dado el Gobierno a varias preguntas por escrito planteadas en el Senado, de forma independiente, por el PP y Compromís, en torno al expediente que amenaza con desposeer a los vecinos de sus casas en el poblado de Cabanes, vuelve a poner en el ojo del huracán la pervivencia de estas históricas viviendas situadas a primera línea de playa.

No en vano, en la contestación al PP, registrada en la Cámara Alta a fecha de 22 de julio y a la que Mediterráneo ha tenido acceso, el Ejecutivo central reconoce textualmente que «los inmuebles situados en Torre la Sal se encuentran ubicados en dominio público marítimo-terrestre, sin que se haya localizado en el registro de concesiones de la Dirección General de la Costa y el Mar absolutamente ningún título que ampare esta ocupación».

En ese sentido, desde Moncloa avisan de que la tesitura en la que se encuentran las históricas casetas marineras es «una situación jurídica prohibida por la legislación de Costas», por lo que reivindican que han iniciado «las actuaciones tendentes a conocer las circunstancias que rodean este caso».

99 expedientes en tramitación

Otro de los descubrimientos que arroja esta polémica respuesta del Gobierno central es que, en concreto, «ha acordado incoar 99 expedientes de recuperación posesoria del poblado de Cabanes», que se han dirigido a quienes aparecen como titulares de «inscripciones contradictorias» sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Insisten en que el objetivo de este procedimiento es «aclarar la situación jurídica en la que se encuentran esas ocupaciones» y, para ello, están «a la espera» de recibir por parte de los interesados las alegaciones y la documentación acreditativa que justifique su legalidad. De esta última afirmación se extrae que al Gobierno le han jugado una mala pasada los tiempos a la hora de dar su versión, ya que, aunque el documento tiene fecha de este jueves, las contestaciones deben haber sido redactadas meses antes, porque hace semanas que Costas lleva estudiando las alegaciones de los vecinos y del Ayuntamiento.

Unas respuestas que el senador popular Vicente Martínez considera que «no pueden ser más clarificadoras», ya que «el Gobierno sigue erre que erre y continúa amenazando a los propietarios». Por ese motivo, pide, como anunciaron esta semana en un acto en la playa de Nules, modificar la Ley de Costas «para que las viviendas de Torre la Sal, como las de Nules, Almenara, Moncofa o Xilxes, tengan acogida en la ley y se pueden preservar con toda la tranquilidad».

Adiós al diálogo

Esta respuesta facilitada al PP se complementa con la que también ha recibido hace unos días Compromís (no concretó la fecha exacta), en la que el Ejecutivo vuelve a remarcar, de forma paralela, que «no figuran registros de concesiones en relación con las ocupaciones existentes en el núcleo costero» y subraya que el Ministerio para la Transición Ecológica «inicia este procedimiento de oficio». 

A tenor de esa versión, desde la formación nacionalista critican que «el Gobierno se niega a paralizar el procedimiento de okupación del poblado y cierra todas las puertas a un nuevo deslinde o a un diálogo para buscar alternativas».

En septiembre, nueva reunión

Por su parte, la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí (PSOE), destacó que «no sabía nada» sobre este nuevo pronunciamiento del Gobierno y afirmó que lo último de lo que tiene constancia es que la fase de estudio de las alegaciones por parte de Costas sigue su curso. De hecho, en la última reunión que mantuvo (a principios de julio) con técnicos del organismo y la delegada del Gobierno, Gloria Calero, entre otros asistentes, acordaron reunirse de nuevo en septiembre para abordar las novedades e invitar también a los vecinos a ese próximo encuentro.