Las comarcas de l’Alcalatén y el Alto Mijares han visto aumentadas, en dos años, las transferencias de fondos de la Diputación de Castellón en un 110%, al pasar de los 3,8 millones de euros asignados en el 2019 a los 8 presupuestados este ejercicio. Son cifras compartidas por el presidente de la institución, José Martí, en el encuentro con alcaldesas y alcaldes celebrado ayer en Argelita para hablar de los presupuestos del 2022 y evaluar la ejecución de los actualmente vigentes. En la cita, la tercera de un ciclo de seis, estuvieron representadas 25 localidades del interior: L’Alcora, Llucena, Atzeneta, les Useres, Figueroles, Costur, Vistabella, Benafigos, Xodos, Montanejos, Montán, Fanzara, Cirat, Zucaina, Ayódar, Ludiente, Arañuel, Puebla de Arenoso, Argelita, Castillo de Villamalefa, Toga, Fuentes de Ayódar, Torrechiva, Villamalur, Torralba del Pinar y Vallat.

La bienvenida del alcalde anfitrión, Aitor Balfagón, inició la convención de Argelita, que también sirvió para poner en valor «el nuevo modelo de Diputación» que viene funcionando desde el 2019 en la provincia de la mano de José Martí y su equipo de gobierno y que se distingue «por su fuerte carácter municipalista y dialogante». La muestra de esto, recalcó Martí, «es que los pueblos cuentan con más y mejores servicios públicos, se han establecido nuevos canales de comunicación directa con los ayuntamientos y su parecer se toma en consideración». 

Avances

El presidente de la Diputación se refirió a los avances en los últimos dos años, en los que se han activado los planes de empleo, se ha actuado en la red de carreteras, se han reforzado los servicios sociales y se han enviado recursos extra para combatir los estragos del covid-19. Martí se centró también en la idoneidad de reforzar los servicios públicos como antídoto contra la despoblación, más acusada en estas comarcas. 

Martí anunció que una de las grandes novedades que se pondrán en marcha en este periodo será la reformulación del plan 135 en un programa inversor de carácter bienal que permitirá a los municipios impulsar obras más ambiciosas y de mayor envergadura.

Asimismo, abogó por la concertación para mejorar la financiación y la gestión de las entidades locales y explicó que la intención de la institución provincial es concentrar todos los recursos en uno o dos fondos «para que sean las localidades, dentro de su autonomía, las que decidan dónde invertirlos. Y todo esto sin aventurarlos en un enjambre de papeles y gestiones burocráticas».

Las reivindicaciones de los primeros ediles se focalizaron en la necesidad de reforzar las políticas contra la despoblación rural, con un incremento de recursos para acabar con la brecha territorial de servicios, así como la mejora de la red viaria provincial y facilitar el acceso a las ayudas europeas.