Una nueva sentencia judicial avala la decisión del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó de rescindir el contrato de la gestión pública de las instalaciones deportivas de Vallpala, en el año 2018. Así lo confirmó este viernes la alcaldesa, Tania Baños, quien recordó que es la segunda resolución en los tribunales que no respalda las tesis de la empresa, que decidió resolver las diferencias con el consistorio en los tribunales.
Hace tres años, a raíz de la detección de unas obras sin licencia en el restaurante de ese complejo, el equipo de gobierno inició un procedimiento que finalizó meses después con la rescisión del contrato de gestión mucho antes de lo que estaba previsto. Aparte de esa incidencia, los servicios técnicos municipales identificaron más incumplimientos que fundamentaron la decisión.
La empresa, que siempre ha denunciado una «persecución» del gobierno que lidera Baños, optó por reclamar los que consideraban sus derechos ante un juez y denunció dos cuestiones. Por un lado, la rescisión y por otra, la millonaria liquidación que les reclamaba el Ayuntamiento.
En septiembre dieron a conocer la primera de las sentencias. El juez admitía parcialmente la reclamación de la adjudicataria, pero reconocía a su vez su obligación de pagar 26.900 euros, cantidad ostensiblemente inferior a la que reclamaba el municipio, pero que el equipo de gobierno estimó beneficiosa para los intereses locales.
Defensa del interés general
"El Ayuntamiento tiene la obligación de defender el interés general de la población y eso hemos hecho desde el inicio"
El proceso judicial cuya resolución se ha conocido ahora establece, según explica Tania Baños, que el Ayuntamiento obró de forma adecuada al retirar la concesión. De este modo, se avala la gestión de este problema porque, «al fin y al cabo, el consistorio tiene la obligación de defender el interés general de la población», y eso han hecho «en este tema desde el principio», argumentó la socialista en su explicación.
La alcaldesa hizo mención a un asunto que ha vuelto a ser actualidad esta semana, «otro contrato adjudicado por un gobierno del Partido Popular», y que ha generado problemas a la ciudad hasta el punto de acabar en los tribunales, el cierre de la piscina de verano.
Sobre la resolución de las diferencias con la empresa que gestionaba las instalaciones, insistió en que defenderán «como única prioridad el interés de la Vall», subrayó de nuevo Tania Baños.
