La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha registrado ya en les Corts Valencianes la solicitud, a petición propia, de comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara valenciana, para informar sobre la muerte de los burros en el Parc Natural del Desert de les Palmes.

Mollà, acompañada de la secretaria autonómica, Paula Tuzón, y del subsecretario de la Conselleria, Alfonso Puncel, explicó este martes las conclusiones preliminares del expediente informativo que la administración abrió el pasado 19 de octubre.

«No se ha tenido la diligencia que correspondía ni en el expediente administrativo ni en la práctica y, por ello, se asumirán responsabilidades». Así de contundente se mostró Mollà, con relación a la muerte de una decena de burros (de un total de 50) dentro del programa de prevención de incendios con animales que pusieron en marcha en verano en el Desert de les Palmes. Una polémica que se ha cobrado la primera víctima política, con la dimisión del director general de Medio Natural, Benjamín Pérez.  

Mollà introdujo un matiz relevante al caso en sus declaraciones, al precisar que el plan fue impulsado por la dirección del parque natural y la Conselleria actuó como ente colaborador. La responsable autonómica afirmó que «ninguna muerte debería haberse producido», y eso se podría haber evitado, según Mollà, «con una tutela y una vigilancia adecuadas».

Las primeras responsabilidades a las que hacía referencia ya se han asumido con el adiós de Pérez y la apertura de un expediente al director del Desert de les Palmes, Toni García. Y no descartó abrir recursos contra la actuación de «otras personas que hayan desarrollado acciones inadecuadas».

Hubo sabotaje

La tesis planteada por el propietario de los burros a través de Mediterráneo, la de que había sufrido un sabotaje, se vio reforzada por otro de los anuncios de Mollà.

La Conselleria ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil de Castelló para tratar de esclarecer en qué circunstancias murieron los diez burros que, según indicios, y a la espera de los resultados de las muestras toxicológicas, pudieron implicar la participación de personas con un supuesto acoso animal. «Los veterinarios han detectado elementos vinculados a la naturaleza y a la acción humana como una afección multifactor», razón por la cual han considerado que «si ha habido una autoría, con mayor o menor incidencia sobre el estado natural, es necesario que entren las autoridades correspondientes».

Mollà confirmó una información desvelada por este periódico. Existía una denuncia previa, de otro propietario de una parcela próxima, por amenazas a su explotación de asnos, lo que podría respaldar la hipótesis de que los burros murieron por envenenamiento o boicot de terceros.

La consellera aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia del proyecto hasta el 13 de octubre, «por un tuit», pese a que admitió que el director del parque natural informó el 22 de septiembre de la muerte de burros y de la suspensión de la iniciativa el 8 de octubre. Mollà aseguró que ninguna de las personas que recibieron esos mensajes trasladaron la información a órganos superiores, por lo que considera que «la diligencia no ha sido la correcta».