La reacción del Ministerio para la Transición Ecológica a través del servicio provincial de Costas a la construcción del muro de contención para proteger las casetes de Nules ya ha llegado al Ayuntamiento.
En un escrito que recibió este martes el alcalde, David García, emplazan a la «restitución de las cosas y reposición a su estado anterior», de lo que definen como «la Ribera del Mar», al considerar que se ha cometido una «infracción grave» en dominio público marítimo-terrestre «sin autorización».
Esta notificación no ha pillado por sorpresa a García, aunque sí comprobar que fue firmada en Castelló, «20 minutos antes» de la reunión que mantuvieron representantes municipales con el jefe del servicio provincial, Fernando Pérez Burgos. Un encuentro en el que no hubo ninguna referencia a la construcción del muro ni a la mencionada comunicación.
Acción "temporal"
El primer edil respondió de inmediato, también por escrito. Mientras Costas apunta a la posibilidad de haber producido «daños irreparables» que podrían suponer el pago de indemnizaciones, García defiende que no ha sido ese el caso, pues en el decreto firmado el pasado viernes ya se reflejaba que se trata de una «actuación de emergencia» y con carácter «temporal», que se podrá retirar cuando «desaparezcan las circunstancias que han llevado a su colocación».
No ha dejado pasar la oportunidad para incidir en que lo que hicieron fue «evitar daños irreparables o de difícil reparación» como «la pérdida de vidas humanas, o lesiones físicas graves, o la pérdida de un patrimonio singular y único de la localidad».
Medida "proporcional" y "acorde a los riesgos"
Insiste en que la construcción del muro está amparada por la ley de protección civil, por lo que la califica de «proporcional, acorde a los riesgos, fundamentada y con un absoluto encaje legal».
Este miércoles, Ayuntamiento y asociaciones de vecinos de la playa, tras la reunión mantenida el lunes, anunciarán un calendario de movilizaciones en el municipio.
Movimientos de PP y Cs contra la estrategia del Gobierno
En el ámbito político, este martes también se produjeron movimientos políticos a colación de la problemática que está protagonizando Costas en la provincia. Por un lado, Ciudadanos presentó en Les Corts una proposición no de ley para «paralizar el expediente de derribo» del poblado marítimo de Torre la Sal (Cabanes), que fue aprobada por unanimidad. La propuesta emplaza a «abrir una mesa de diálogo» con el Ministerio, el Ayuntamiento y los vecinos «para abordar la situación y garantizar el futuro del núcleo residencial», según el diputado Eduardo del Pozo.
Desde el Partido Popular de Castellón, su presidenta, Marta Barrachina, criticó con dureza la respuesta dada por Costas a Nules negando inversiones para proteger las ‘casetes’ y, por contra, «no les duela malgastar el dinero de los contribuyentes en el derribo de unas construcciones que debería proteger».
