Noviembre puede ser un mes clave para Peñíscola, después de tres años reclamando un informe geológico para determinar las causas y el grado de afectación de los desprendimientos en la zona de los acantilados.
A finales de este mes estará terminado el estudio encargado por la Diputación a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para definir las medidas concretas a acometer, la financiación y las instituciones que, por sus competencias, tendrán que asumir las actuaciones.
Tras la negativa del Gobierno a realizar ningún informe de este tipo, el Ayuntamiento solicitó el pasado marzo la colaboración de la institución provincial, que, a través de su presidente, José Martí, se comprometió a asumir la redacción de un plan de acción para la estabilización de las laderas del frente marítimo del castillo. Los objetivos que tendrá que incluir son el drenaje de las murallas, medidas de protección de los acantilados y acciones de protección.
«Debemos averiguar si perjudica a la estabilidad del tómbolo y del conjunto histórico artístico», afirmó el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. Los desprendimientos se produjeron en diciembre del 2019 tras un fuerte temporal marítimo y, posteriormente, aunque con un menor impacto, la zona afectada también sufrió los efectos de Gloria y Filomena.
Martí explicó que cuando se produjo el desprendimiento en el 2019, la Diputación ya impulsó un estudio, desarrollado por la UPV, para conocer el alcance del derrumbe, que apuntó la necesidad de detallar medidas para reforzar la seguridad de la zona. Esos primeros trabajos concluyeron la existencia de riesgos y que el origen de los desprendimientos está en el desgaste provocado en la piedra por la acción continua del mar y la filtración de lluvia por cavidades internas. El informe para afianzar la protección identificará al detalle la problemática.
Desde el 2018
Hace tres años, Compromís, atendiendo a demandas vecinales, impulsó una moción para instar a Costas a realizar un estudio sobre el estado de los acantilados. El primer edil también alertó desde el primer momento que aplicasen las acciones «oportunas», al tratarse de zona de dominio público.
