La Diputación se ocupará de realizar las gestiones pertinentes para legalizar el pozo de la zona del Retoret, en Atzeneta, que lleva 24 años estando una en situación irregular desde que fuera construido en 1997 por el gobierno provincial, entonces controlado por el Partido Popular.
La institución recoge el guante lanzado por el alcalde, Santiago Agustina, que pidió en Medi TV, la televisión de Mediterráneo, una solución a este problema que impide crecer a la localidad, pues, entre otras consecuencias, bloquea la aprobación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así lo atestigua a este periódico el diputado de Ciclo Integral del Agua, Ignasi Garcia, quien remarca que la entidad «ya trabaja» para poner fin a esa irregularidad que arrastra el pozo, aunque rebate al primer edil las responsabilidades que le endosa sobre de qué administración depende esas gestiones. «Los terrenos son del Ayuntamiento, por lo que el pozo es de gestión municipal», puntualiza.
Pese a esa asignación cruzada de competencias, el responsable provincial de la parcela de Sostenibilidad defiende que la Diputación ya abordó la situación del pozo de Atzeneta en la reunión que mantuvo con los alcaldes cuyos municipios forman parte del consorcio de aguas del Pla de l’Arc y Penyagolosa, en abril, en la que Atzeneta fue anfitriona, para avanzar las acciones contempladas en el Plan Director del Agua.
Cambio de consorcio
El siguiente paso para desbloquear la regularización de esta cavidad es que todos los municipios que forman parte del consorcio del Pla de Meanes se den de baja para poder incorporarlos al del Pla de l’Arc. «A partir de ese momento, comenzaremos los trámites con la Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) para resolver la legalidad del pozo de Atzeneta», detalla Garcia.
"Aunque los terrenos son del Ayuntamiento y la gestión, por tanto, es municipal, la Diputación realizará los trámites con la CHJ para resolver la situación"
No obstante, el diputado subraya que el interés de la institución provincial en regularizar la infraestructura viene de lejos, ya que recuerda que la Diputación aprobó en el 2010 los estatutos de ese consorcio para, además de gestionar la explotación del agua, solucionar el problema del pozo. «Pero fue un fracaso, ya que ninguno de los municipios los aprobó ni quiso consorciarse, ni siquiera Atzeneta», rememora.
Además, Garcia pone en valor que la entidad supramunicipal «ya ha realizado la asistencia técnica» para legalizar el recinto, tareas que permiten determinar con más precisión su caudal o sus características más específicas.
El alcalde, quien destaca que el Ayuntamiento facilitó a la Diputación toda la información que tenían sobre la instalación hídrica porque «allí la habían perdido o no la localizaban», sostiene, como contó a La Panderola, que los terrenos que acogen el pozo eran de propiedad municipal, pero «tuvieron que cederlos para que la administración construyera el mismo».
