Una comunidad vecinos de la Vall d’Uixó se ha visto obligada a pedir un préstamo para poder hacer frente la deuda que mantienen una serie de propietarios morosos tras ejecutar una obra «ineludible» en la fachada. La circunstancia no sería distinta a la que pueden afrontar muchas comunidades, si no fuera porque en este caso concreto, unos 31.000 euros se corresponden con impagos del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, titulares de varias viviendas y bajos comerciales.
La intervención comenzó a ejecutarse hace más de 8 meses, tras haberse realizado hasta tres informes técnicos que emplazaban a realizar una reforma del revestimiento del conjunto del edificio por su evidente estado de deterioro, a pesar de que la construcción es muy reciente. El presupuesto total ascendía a 200.000 euros.
La práctica totalidad de los propietarios abonaron las consiguientes derramas en tiempo y forma, pero el problema ha llegado a la hora de reclamar su parte a la Administración pública.
Pisos polémicos
Este inmueble ya protagonizó una llamativa polémica hace varios meses, cuando la Generalitat ejerció su derecho de adquisición preferente de viviendas en manos de bancos o fondos de inversión, y se descubrió que habían bloqueado la compra de tres pisos que ya estaban apalabrados y en trámites de escriturar por parte de particulares.
El conflicto se solventó liberando los apartamentos afectados y adquiriendo el resto, hasta 8 pisos, que ahora son de titularidad autonómica. Una gestión que convirtió a la administración autonómica en propietaria y, por lo tanto, le trasladaba la responsabilidad de abonar su coeficiente de participación en la mencionada obra. Así, la Generalitat debe a la comunidad unos 11.500 euros.
Más «sangrante», según denuncian los vecinos, es el caso del Ayuntamiento, que tiene varios bajos «que ocupa la escuela taller», desde hace varios años. La deuda municipal ronda los 20.000 euros. «Les hemos reclamado sus obligaciones varias veces, hasta que al final nos han dicho que en el presupuesto del 2021 no lo pueden meter y que ya será en el de 2022», por lo que la comunidad no cobrará hasta el próximo año.
El constructor ha finalizado la reforma y reclama, «como es lógico y normal» cobrar lo que se le adeuda. Así, los vecinos, para evitar problemas mayores, han acordado solicitar el crédito.
