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LOS VECINOS PIDIERON UN CRÉDITO PARA PAGAR UNA OBRA POR ADEUDOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONSELL

La Vall admite fallos en el pago de la deuda a la comunidad de Carmaday

El consistorio debe 20.000 € a residentes de un bloque que incluirán en las cuentas del 2022

La comunidad de vecinos informó hace ocho meses de qué cantidad debía abonar cada propietario por las obras. Mònica Mira

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó confirmó este lunes lo que a través de Mediterráneo denunciaron este fin de semana los vecinos de un edificio de viviendas en el barrio Carmaday. El consistorio tiene pendiente de pago los 20.000 euros de su porcentaje por la reforma de la fachada de este inmueble en el que tiene varios bajos. No solo les dan la razón, sino que además admiten que en casos como este «falla el sistema» a través del que la administración local hace frente a sus obligaciones.

Desde alcaldía reconocieron esta circunstancia y además manifestaron: «Empatizamos con la situación a la que tienen que hacer frente los vecinos». Unos residentes que han tenido que pedir un préstamo para poder pagar la parte no solo del Ayuntamiento, sino también de la Generalitat, que desde septiembre cuenta con ocho pisos que adquirió por su derecho de compra preferente, para destinarlos a vivienda pública.

Mejorar el sistema

Desde el equipo de gobierno señalaron que debería estudiarse la necesidad de «mejorar el protocolo a la hora de afrontar este tipo de cuestiones en el futuro», porque la burocracia una vez más es un lastre para dar la respuesta ágil que los afectados requieren. Para poder hacer frente al pago con cargo al presupuesto del 2021 habría sido necesario hacer una modificación de créditos, que debería pasar por el pleno y por un periodo de exposición pública, con todo lo que ello supone en cuestión de plazos. Aparte, remarcan que la reclamación de la deuda ha llegado «con el presupuesto prácticamente agotado», de ahí que vayan a incorporarla en las cuentas del ejercicio 2022.

Las obras de reforma comenzaron hace ocho meses, momento en el que se trasladó a todos los propietarios (también a la administración pública) cuál era su porcentaje de participación en esa inversión comunitaria, que ascendía a 200.000 euros. En noviembre debía abonarse la última parte de la derrama distribuida por coeficientes de participación, tal y como recogen las escrituras de la comunidad de propietarios.

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