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El Periódico Mediterráneo

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amenazan a bares y restaurantes para que no pidan el ‘pase’ covid

Advierten al grupo que coacciona en Nules a hosteleros que su acción es «delictiva»

Desde el Colegio de Abogados recuerdan a los propietarios que deben cumplir la norma

Los locales del Mercado Municipal están entre las ‘víctimas’ de este grupo.

Los miembros del grupo que está coaccionando a los hosteleros de Nules para que no pidan el pasaporte covid a sus clientes o les denunciarán, analizando las imágenes que ellos mismos han difundido y desde un punto de vista jurídico, podrían estar incurriendo en un hecho ilícito «por coacciones, que puede acabar en una falta, pero también en un delito», según el Decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata.

Y no hace falta que denuncien los afectados, la propia Administración, con las pruebas existentes hasta la fecha, «podría actuar y denunciar». Algo que ya ha confirmado el alcalde, David García.

Este grupo defiende que solo están «informando» sobre, según dicen, los argumentos legales para no pedir el certificado de vacunación, aunque en las imágenes publicadas en la web de Mediterráneo puede comprobarse como les advierten de que van a hacerles un seguimiento y si piden el pasaporte «os caerán unas multas de órdago».

Llegan a decirles que «no vendremos 15 sino 50» y «esto es solo el principio». Frente a su postura, Mata recuerda que la única vía legal para oponerse al certificado de vacunación es la judicial.

Conforme a derecho

El decano de los letrados de la provincia detalla que «sin analizar si solicitar el pasaporte covid es más o menos adecuado», el decreto de la Generalitat es «un acto administrativo que cuenta con una presunción de legalidad y, por tanto, es conforme a derecho». 

Si alguien entiende que no es así, como sería el caso del mencionado grupo organizado, «debe acudir a los tribunales e iniciar un procedimiento contencioso administrativo» como, por ejemplo, han hecho en otras autonomías las asociaciones de hosteleros «con mejor o peor fortuna», matiza.

En cuanto a la preocupación que la controversia pueda generar entre los hosteleros, Manuel Mata asegura que «no deben tener ninguna duda», pues el decreto de la Generalitat no solo cuenta con esa «presunción de legalidad», además tiene el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, «tienen la obligación de cumplirlo».

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