La petición por parte de la Fiscalía de Castellón de investigar la gestión del PAI Sant Gregori supone una página más a los numerosos procesos abiertos que buscan detener el macroproyecto urbanístico situado en el litoral de Burriana. En esta ocasión, la sección de Anticorrupción solicita al juez examinar por un presunto delito de prevaricación continuada a la alcaldesa, Maria Josep Safont.
Una cuestión que le ha resultado algo «fuerte» a la primera edila, pero a la que responde con las muchas sentencias a favor que «respaldan y legitiman la tramitación del proyecto».
En primer lugar, Safont quiso informar de que el consistorio no ha recibido, por el momento, ninguna notificación oficial de la Fiscalía, «por lo que desconozco el contenido de la denuncia». No obstante, la munícipe se apresuró a manifestar que, «cuando así sea, haré lo que tenga que hacer».
Este nuevo procedimiento judicial abierto está relacionado con varios informes municipales desfavorables al plan que, presuntamente, chocan con el avance en las certificaciones de obra. Sin embargo, la alcaldesa recalca que «es evidente que hemos hecho caso a informes externos realizados por entidades de prestigio», una práctica que han realizado otros equipos de gobierno y que, además, está avalada por anteriores fallos de la justicia, «con lo que es lógico, razonable y, sobre todo, legal».
Plan urbanístico de interés general
Desde que en 2016 se reanudara la tramitación administrativa del plan urbanístico, el consistorio ha tenido que sortear muchos frentes que han retardado el inicio de las obras. Safont considera que este es un proceso más, ya que «es un proyecto muy judicializado por los numerosos intereses, a favor y en contra de los propietarios», pero incide en que «nuestro objetivo siempre ha sido trabajar por el interés general y el futuro de la ciudad».
Reacción del PP
Por su parte, el Partido Popular exigió ayer «transparencia» tras conocer la petición de la Fiscalía. Desde el PP lamentan que el 9 de mayo del 2019 PSOE y Compromís «rompieron el consenso», al devolver la condición de agente urbanizador y, desde entonces, insisten en reclamar una convocatoria con los propietarios para informar y resolver todas las dudas.
