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El Periódico Mediterráneo

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DEFIENDEN QUE CUANDO ‘LES CASETES’ SE CONSTRUYERON NO ESTABAN EN DOMINIO PÚBLICO

Nules pide a Costas que compense su inacción en el nuevo reglamento

El Ayuntamiento ha presentado varias alegaciones para la propuesta de reforma

El municipio de Nules exhibe unanimidad a la hora de defender la protección de su litoral frente a la falta de inversiones que vienen denunciando y sufriendo.

El Ayuntamiento de Nules quiere que Costas reconozca las efectos negativos que su inacción ha tenido en la regresión progresiva que ha sufrido el litoral del municipio desde la construcción del puerto de Burriana, y quiere que tenga efectos legales. Ese es el objeto de dos de las tres alegaciones presentadas al Real Decreto de modificación del Reglamento General de Costas, ahora en trámite.

Nules defiende que las viviendas de primera fila están en Dominio Público Marítimo Terrestre como consecuencia de que no se haya invertido en la protección del litoral del municipio tras la construcción del puerto de Burriana. Se trata de una situación fortuita y que no depende de la acción de los propietarios de les casetes, que más bien han sido víctimas de la «dejadez» de la Administración en este asunto durante décadas, como no deja de insistir el alcalde, David García. Por eso proponen que deje de considerarse que están en DPMT, pues lo contrario supondría su demolición.

El Ayuntamiento también defiende que el reglamento incluya una disposición específica para «aquellos poblados marítimos históricos o con valor patrimonial importante existentes antes de la legislación de Costas de 1988. El consistorio considera que estos núcleos urbanos, como el de Nules, «deben protegerse de forma imperativa frente a la regresión».

Obras de mantenimiento

Piden que el mencionado reglamento contemple «procedimientos ágiles para que los propietarios puedan realizar obras de conservación y mantenimiento», siempre bajo criterios de conservación regulados, y proponen que se incluya la obligatoriedad de que el servicio provincial de Costas intervenga «en un plazo máximo de 60 días tras un fuerte temporal marítimo, mediante obras de emergencia». Consideran que la tramitación del reglamento debería paralizarse para consensuarlo en un proceso «participativo de verdad y con voluntad de escucha». 

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