Ante el boom de proyectos de energías renovables registrado en los últimos meses en Castellón --alcanzan una suma de 1.000 millones de euros, repartidos entre los proyectos que hay ahora en marcha, tanto de parques eólicos como solares-- y ante la dificultad de poder evaluar en la actualidad los efectos ambientales y las repercusiones reales sobre el terreno, el Ayuntamiento de Betxí aprobó en el último pleno la suspensión por un periodo de dos años del otorgamiento de licencias para la implantación de centrales fotovoltaicas y de parques eólicos, en el ámbito del suelo no urbanizable.
Siguiendo la línea de otros consistorios de la provincia, como la Vall d’Uixó, que acordó en pleno una moratoria de un año en la concesión de autorizaciones para este tipo de instalaciones, el equipo de gobierno que preside Alfred Remolar mueve ficha en este sentido y pretende sacar adelante durante este 2022 una ordenanza para regular el tamaño y el lugar donde se puedan ubicar este tipo de parques en el municipio.
"Hemos aprobado paralizar la concesión de licencias municipales para estos proyectos hasta que podamos llevar a cabo una regulación de los mismos"
«Tuvimos conocimiento de que 3 ó 4 empresas ya habían solicitado a Industria su visto bueno para la instalación de megaplantas de este tipo en el término municipal de Betxí, una de las cuales se encontraba próxima al casco urbano, por lo que hemos aprobado paralizar la concesión de licencias municipales para estos proyectos hasta que podamos llevar a cabo una regulación de los mismos», explicó Remolar, quien alertó del «grave problema» que se está registrando en los pueblos más pequeños de Castellón, «el 75% de municipios de la provincia», incapaces de poder adoptar este tipo de iniciativas para decidir sobre la implantación de estos recintos.
Los últimos datos de la Conselleria de Economía indican que hay presentados unos 70 proyectos de parques solares, que suman unos 900 megavatios. A ello hay que añadir los once eólicos trazados en la provincia, que alcanzarían otros 400 megavatios.
Atasco en la Administración
El problema es que la avalancha de iniciativas es tan grande que la administración valenciana, encargada de dar vía libre a los huertos de menos de 50 MW (a partir de esa cifra la competencia es del Ministerio de Transición Ecológica), está saturada. Y ante este boom de plantas, Remolar alerta del riesgo para gestionarlas todas correctamente, debido a la farragosa tramitación que debe llevarse a cabo por parte de varias consellerias implicadas previa a la instalación.
La situación se repite en toda España y el Gobierno central ya está animando a que se retiren los proyectos con menos posibilidades de superar la evaluación ambiental, imprescindible para lograr el visto bueno. Este domingo termina el plazo fijado por el Real Decreto-Ley 29/2021 para que los promotores que acepten no seguir adelante puedan recuperar a cambio los avales económicos.
