La Policía Local de Peñíscola informa de la intervención ante la venta fraudulenta llevada a cabo esta tarde, durante la cual ocho agentes han retirado más de 300 artículos de la vía pública, concretamente del Paseo Marítimo. Durante la misma, una de las vendedoras presentes, ha exigido la devolución de los materiales, principalmente artículos de marroquinería y zapatillas deportivas y, ante la negativa de los agentes, ha reaccionado de forma violenta, agrediendo a dos de los policías. Tras este episodio, la mujer ha sido detenida y trasladada a las dependencias de la Guardia Civil por un posible delito de atentado a los agentes de la autoridad.

El alcalde, Andrés Martínez, ha advertido en numerosas ocasiones de las dimensiones de la problemática del top manta, sobre las cuales ha insistido tras este nuevo episodio de violencia: «el valor en tienda de los artículos incautados sería de entre 15.000 y 20.000 euros; su actividad arranca muy temprano este año, a consecuencia de la alta concurrencia de visitantes en fines de semana, y se podría prever que el volumen de negocio en los próximos meses pudiera ser millonario; si las administraciones superiores no toman cartas en el asunto, el perjuicio a nuestra economía y para nuestra seguridad va a ser muy muy preocupante; el Estado debe actuar sin demora» exige el primer edil.

Durante la tarde, tras los hechos, un numeroso grupo de vendedores ambulantes ha acudido a las dependencias policiales «para intimidar y presionar a los agentes», según explica el intendente jefe de la Policía Local, Antonio Morejón, que recuerda otros episodios similares en los que se produjeron lesiones graves con fracturas de huesos a los agentes policiales y se llegó incluso a ocupar e impedir la circulación de un bus urbano por parte de los vendedores.

«El hecho que las administraciones superiores contemplen el hecho del top manta como una infracción similar a quien vende ajos en un mercadillo sin permiso genera una desmotivación absoluta en los agentes, que ven en ello una burla, no solo para los propios agentes de la autoridad que no contamos con herramientas legales suficientes para frenar la venta, sino también para los comerciantes locales que pagan sus impuestos convenientemente», indica Morejón.