El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al ex jefe de la Policía Local de Moncofa por falsificar una tarjeta de aparcamiento para minusválidos.
El proceso contra él se inicio en septiembre del año 2017, cuando un particular que acudía al gimnasio municipal Parc Central de Torrent (València) encontró que la plaza de aparcamiento reservada para minusválidos estaba ocupada por un vehículo marca Audi que presentaba una tarjeta de movilidad reducida en el salipicadero. Lo que lo motivó a presentar denuncia fue comprobar que la persona que hacía uso de ella y del coche, una mujer, no presentaba ninguna minusvalía visible.
La Policía Local comprobó que la tarjeta no contemplaba fecha de emisión ni de caducidad. Solo estaba la matrícula del turismo y el sello del Ayuntamiento de Moncofa, pero no figuraba la fotografía del supuesto beneficiario.
La mujer argumentó que la tarjeta era de su hermano discapacitado, pero la investigación constató que era mentira y que el documento pertenecía al entonces jefe de la Policía Local de Moncofa que, evidentemente, tampoco tenía movilidad reducida, pero sí era la pareja sentimental de la conductora implicada en el caso.
El Tribunal Supremo considera hechos probados que el agente, debido a su rango y posición, tenía los medios para acceder a las herramientas y soportes de los documentos originales. Es más, en el 2013, aprovechó que el Ayuntamiento modificó el tipo de acreditaciones para fabricar una copia falsificada que «daba el pego».
Otra de las pruebas fue la corroborada por el consistorio, que nunca reconoció situación de minusvalía alguna sobre el policía. La asistente social llegó a declarar que fue presionada por este durante el procedimiento judicial.
Intencionalidad
El tribunal rechazó las alegaciones del acusado, pues consideraba probada la intencionalidad de falsificar los documentos y el uso fraudulento, pese a conocer que no tenía derecho al uso de estas prerrogativas. Así, hubo delito y también personas perjudicadas porque, «a sabiendas» se había incurrido en daños a quienes sí tenían derecho al permiso por su invalidez.
En su día, el inicio de este procedimiento judicial propició que el Ayuntamiento le abriera un expediente disciplinario al ya ex jefe de la Policía Local, que sigue abierto. A partir de la sentencia, el consistorio estudiará las medidas disciplinarias que le correspondan.
