Vilar de Canes ya tiene el permiso del Gobierno para hacer un referéndum por el parque eólico

Vilar de Canes ya tiene luz verde para someter a referéndum la instalación de un parque eólico en su término municipal. El Consejo de Ministros ha autorizado una consulta popular en el consistorio con la pregunta «¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento se pronuncie favorablemente en los aspectos urbanísticos y, en general, en las actuaciones de competencia municipal necesarias para la aprobación del Plan Eólico La Selleta?».

El Gobierno asegura que se solicitaron informes a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, a la Generalitat valenciana y a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, «siendo todos favorables». Al tratarse de un asunto de competencia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los vecinos y no ser relativo a la Hacienda Local, concluyó que autoriza la citada consulta.

Luto en un pueblo de Castellón por el fallecimiento de su alcalde

De este modo, el equipo de gobierno que preside Aurelio Pitarch tratará «en el próximo pleno la fecha» para llevar a cabo la votación en la que los aproximadamente 170 habitantes de este municipio de l'Alt Maestrat decidirán si están de acuerdo o no con la instalación de este parque eólico, en fase incipiente, a cambio de tener la luz gratis. «Será lo que la mayoría quiera, yo no me posiciono ni a favor ni en contra del proyecto», aseguró Pitarch, quien el pasado noviembre fue elegido, con 89 años, alcalde de esta localidad tras el fallecimiento de José María Domínguez, anterior primer edil.

"Será lo que la mayoría quiera, yo no me posiciono ni a favor ni en contra de este parque eólico"

Aurelio Pitarch

— Alcalde de Vilar de Canes

En diciembre del 2020, Domínguez firmó un convenio con la empresa Iseran Business SLU, perteneciente al grupo Germania, a través del cual el Ayuntamiento facilitaría la puesta en marcha de un parque eólico de 27,5 megavatios a cambio de que la compañía asumiera el coste de la luz consumida por los contadores de la localidad, con lo que los vecinos no tendrían que pagar este servicio. 

No obstante, el proyecto despertó la preocupación ciudadana y en julio del 2021 decenas de personas se manifestaron contra el mismo. La Plataforma Ciudadanía por los Derechos Rurales denunció la falta de transparencia del consistorio. Ante esta situación, desde el ejecutivo local se aseguró que sin el consenso de los habitantes no se llevaría a cabo la iniciativa, que se encuentra en una fase incipiente y del que aún no hay nada definido. Todo ello quedó expuesto en una declaración institucional aprobada en pleno.