Uno de los principales acuerdos de la junta local de seguridad celebrada este lunes en la Vall d’Uixó --con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten--, supondrá la intensificación de la vigilancia contra los vertidos ilegales que tantos problemas están ocasionando en la ciudad.
La alcaldesa, Tania Baños, puso el acento en una práctica extendida y que se constata en diversas acciones policiales que han ayudado a identificar y sancionar a autores de vertidos. Según explicó, «hay empresas o personas que están realizando mudanzas o vaciados de viviendas sin tener autorización para gestionar adecuadamente los residuos y acaban dejándolos en la naturaleza».
Como las acciones llevadas hasta el momento han empezado a dar resultados, la intención es reforzar esa vigilancia policial.
Otra de las conclusiones destacadas por la primera edila es que la ciudad, cuarta por número de habitantes de la provincia de Castellón, tiene una cifra de comisión de delitos «por debajo de la media». La alcaldesa fue muy explícita a la hora de exponer esta información, como respuesta a las críticas vertidas por la oposición en los últimos tiempos, precisamente en la línea contraria. A su modo de ver, «el Partido Popular, desde una visión interesada, quiere trasladar un mensaje de inseguridad en el municipio que no es real».
