La plataforma oficial de contratación del Estado recoge la prueba objetiva de que Costas está lejos de cumplir su compromiso con Nules y las obras de estabilización de la playa de les Marines. Hace unos días, publicaba una licitación relacionada con este proyecto, sí, pero para contratar a la empresa que hará «la toma de datos del estado inicial previo a las obras». A partir de la adjudicación dan un plazo de tres meses para realizar ese trabajo.
En conclusión, como máximo hasta septiembre no se dispondrá del documento, momento en el que, en teoría, prepararán la licitación de las obras. Conociendo los plazos con los que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica, parece difícil que eso suceda antes de que acabe el año 2022, en el caso más optimista. Cosa distinta será el inicio de los trabajos.
El compromiso de licitar en el primer trimestre no fue verbal. Se realizó por escrito, en el Senado, en respuesta a una pregunta respecto de este proyecto formulada por el senador por Compromís, Carles Mulet. Desde entonces, en Nules han esperado y confiado. Hasta esta misma semana, cuando el alcalde, David García, quiso denunciar públicamente el enésimo incumplimiento de Costas.
«Nos han vuelto a engañar y no dan la cara»
«Son unos impresentables». Así de contundente fue García tras conocer por Mediterráneo --porque asegura que nadie le había informado antes--, que empiezan ahora con los estudios previos a la licitación. «Nos han vuelto a engañar y no dan la cara», añadió.
Ante esta situación, desde la localidad denuncian la «indefensión total» en la que se encuentran ante un Gobierno que apela a la ley cuando le interesa, pero la ignora cuando se le exigen responsabilidades. Ya lo expusieron en la Jornada MED22, celebrada la semana pasada en Nules con la presencia de entidades y ayuntamientos de 20 localidades afectadas por la Ley de Costas.
Tal y como expusieron la experta en Derecho Público, Salma Cantos, y el catedrático de Puertos y Costas, José Cristóbal Serra, la legislación atribuye al Estado la obligación no solo de proteger el patrimonio medioambiental, sino que «en derecho internacional, quien genera un daño, paga, repara e indemniza», como expuso Cantos, y todos los expertos consultados insisten en que la construcción del puerto de Burriana menoscabó la integridad de litoral aguas al sur, al no realizar ninguna intervención para compensar la interrupción del ciclo natural de las corrientes.
Unión de afectados
La situación está cambiando porque, por primera vez, los municipios se están agrupando y organizando para exigirle responsabilidades al Estado por su inacción en la costa.
