«El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó no entregó las instalaciones de la piscina a la mercantil concesionaria conforme se establece en el pliego y contrato suscrito». En estos términos se expresa el juez a la hora de dictar fallo sobre el litigio que mantenía Fórmula Riu 2014 por el servicio de explotación de la piscina de verano contra el consistorio. Una sentencia que condena a la localidad a reparar las instalaciones, así como a indemnizar a la empresa con 3.666 euros.
«Solo pedíamos que la arreglasen, pero los valleros están sin piscina desde julio del 2019 por cabezonería», explica el administrador de la firma, Paco Alanzor.
La primera reacción del equipo de gobierno a la sentencia es anunciar que van a solicitar «una aclaración de la sentencia, porque no queda claro si condena a entregar las instalaciones de la piscina». Aunque lo cierto es que el texto del fallo es literal en ese aspecto al afirmar que «condena al Ayuntamiento a su entrega», lo que supondría que deberían restaurar de algún modo el contrato que fue rescindido en su momento, lo que motivó otra demanda.
"Culpa del PP"
El contrato fue firmado en el 2014, cuando gobernaba el Partido Popular en el municipio, y la sentencia incide expresamente en ese momento, razón por la que desde el Ayuntamiento remarcan que «el estado en el que se entregaron las instalaciones no es imputable a este gobierno». También señalan que los juzgados «han denegado la petición de poder entrar a las instalaciones para valorar la situación y empezar a hacer un proyecto», explican.
Desde la empresa Formula Riu 2014, Alanzor incide en que el equipo de gobierno tuvo la oportunidad de arreglar de forma «amistosa» este conflicto. «Propusimos un acuerdo extrajudicial por el que entregaríamos las llaves a cambio de una cantidad que no aceptaron», aunque estaba muy por debajo de la que exigen en el último juicio pendiente, en el que la indemnización solicitada rondará los 800.000 euros.
El contrato incluía la gestión de la piscina, un restaurante y una cafetería. Hasta ahora, en dos juicios, los magistrados han evidenciado que las instalaciones no fueron entregadas en condiciones, por lo que parece probable que la rescisión del contrato pudiera quedar invalidada.
