De prosperar la moción de censura que se votará el próximo 28 de junio en el pleno de la Vilavella, entre las primeras medidas que aplicará quien se postula como nuevo alcalde, el socialista Sebastià Roglà, está una bajada de sueldos y la eliminación de uno de los dos cargos con dedicación exclusiva que existen en la actualidad. Sobre quién dedicará todo su tiempo al municipio y cobrará por ello, solo dijo que no será él, a pesar de asumir la máxima responsabilidad municipal. No quiso avanzar qué concejal será.
El PSPV-PSOE local compareció este miércoles por primera vez de forma pública desde que presentaron la moción, el pasado 2 de junio, y lo hizo para explicar las razones por las que quieren forzar un cambio de gobierno a un año de las elecciones, con el apoyo de Abelardo Zaragoza, quien hasta hace tres días era edil en el ejecutivo de PP e Independents per la Vilavella. A la pregunta de si le atribuirán alguna concejalía, Roglà no negó esa opción, solo dijo: «De momento, no lo hemos hablado». También señaló que todo lo que se haga «se ajustará a la ley».
Desde un punto de vista legal, no hay ninguna norma que limite el acceso al gobierno de un tránsfuga, solo está en vigor un pacto de Estado suscrito por el PSOE sobre cuyo fondo o posible incumplimiento Roglà no quiso pronunciarse. Simplemente, porque no consideran a Zaragoza como tal.
Dudas por Abelardo Zaragoza
El socialista que apunta a primer edil insistió en defender que quien encabezara la lista del PP en el 2019 nunca entró a formar parte del grupo municipal popular, incluso «firmó un documento en el que renunciaba». Obvió reconocer que si fuera como dicen, de acuerdo con el pacto de Estado antitransfuguismo, Zaragoza habría entrado a formar parte del grupo mixto y no del de no adscritos (en el que está), como sucede cuando hay un caso de transfuguismo. A la pregunta de por qué no lo ven como tal, cuando en la misma legislatura habrá votado por tres alcaldes distintos --ninguno de la lista política por la que fue elegido por sus vecinos--, solo apuntan a que actúan «en cumplimiento de la ley». Saben bien que no hay legislación nacional antitransfuguismo, por lo que el cumplimiento del pacto de Estado no es una cuestión legal, sino de voluntad política.
Roglà dio su versión del esperpéntico episodio que han protagonizado por una moción que se ha registrado hasta en tres ocasiones, una con Zaragoza como alcaldable. Defendió que «solo hay una válida, la del 2 de junio», y el resto han sido «subsanaciones de la primera». Los errores cometidos se deben, como describió, al «desconocimiento» del funcionamiento de este mecanismo que recoge la ley electoral. «Hay muchos funcionarios en los consistorios que no lo saben porque puede que nunca tengan que tramitar una», indicó.
Respuesta del PP
Por su parte, el PP provincial volvió a defender el trabajo de sus concejales en la Vilavella, «frente a la apuesta por el transfuguismo y el desgobierno del PSOE».
Ejes del ejecutivo si la moción prospera a un año de elecciones
Entre las acciones que los socialistas quieren llevar a cabo o impulsar en el año que queda de legislatura están reforzar la plantilla municipal para responder a las necesidades del Ayuntamiento y aprobar la relación de puestos de trabajo pendiente desde el 2019.
Quieren solicitar un segundo plan Edificant para mejorar las instalaciones del colegio.
Darán subvenciones a las entidades taurinas para que puedan mejorar y revisar sus instalaciones de seguridad después de dos años paradas y pretenden iniciar un plan de mejora de instalaciones deportivas.
