El Ayuntamiento de Burriana sigue adelante con el procedimiento para desalojar al actual ocupante de la concesión del antiguo camping que, tras más de dos décadas al frente de este local, perdió la puja y ahora se niega a abandonar las instalaciones. El consistorio planta cara a la problemática y le ha notificado el cese de actividad, puesto que al perder el concurso ya no está autorizado a seguir operando en el recinto.
Así lo dio a conocer la alcaldesa, Maria Josep Safont, durante el encuentro telemático con los medios en el que aseguró que «hemos empezado el procedimiento para pedirle que se vaya, está notificado que debe cesar la actividad y abandonar el local». La primera edila explicó que el anterior adjudicatario ha presentado alegaciones a la resolución de la concurrencia por el terreno y, tras la respuesta municipal, los plazos avanzan.
Motivos para quedarse
El periódico Mediterráneo ha tenido acceso al documento en el que el actual ocupante expone los motivos para quedarse. Entre otras cuestiones, advierte que se trata de una «adjudicación ilegal» porque, tras el fallo de otorgar la licencia a una nueva empresa, interpuso un recurso contencioso-administrativo que no está resuelto y, por lo tanto, no considera que el traspaso sea lícito.
Además, argumenta que el Ayuntamiento ha hecho «dejación de sus funciones» ya que, pese a tener una autorización temporal, su actividad ha estado en marcha 27 años sin interrupción. El consistorio desmonta estas consideraciones porque aprecian contradictorio la presunta ilegalidad, debido a que el propio demandante se presentó sin mostrar oposición a los pliegos. En cuanto a la supuesta inoperatividad municipal, responden que «siempre» le han concedido las prórrogas pertinentes. Con todo, se espera que el anuncio de clausura llegue la semana próxima, aunque puede seguir por la vía penal.
Safont afronta «con tranquilidad» la investigación por el PAI Sant Gregori
Dentro de los numerosos procesos judiciales abiertos en torno al PAI Sant Gregori, la alcaldesa, Maria Josep Safont, tendrá que declarar como investigada por una presunta falsedad en las certificaciones de obra. Preguntada por esta cuestión, la munícipe afirmó que «voy con toda la tranquilidad de que todo lo que hecho ha sido avalado por informes técnicos». Aseveró que «no tengo duda de que la firma de los decretos para autorizar el pago de cuotas se ha realizado siguiendo todos los procedimientos legales que son pertinentes y eso es lo que manifestaré ante las preguntas que se me realicen».
Esta cuestión fue motivo de debate en el pleno ordinario de esta semana, en el que PP y VOX presentaron una moción por la que pedían que el Ayuntamiento se personara como perjudicado por los retrasos en el desarrollo de los trabajos. Asimismo, solicitaban una revisión de las certificaciones de obra efectuadas hasta ahora y, por ende, paralizar la recaudación de las cuotas de urbanización. La citada propuesta fue rechazada por mayoría.
