Que no había consenso en el equipo de gobierno de la Vall sobre cómo iba a abordarse la negativa de los técnicos a autorizar las carpas de les Penyes en Festes se sabía, porque EU se abstuvo a la hora de votar en el pleno la modificación de créditos que haría posible el gasto. Pero lejos de disipar esas diferencias una vez consumado el acuerdo, los socios de gobierno las han vuelto a airear a través de las redes sociales. El motivo de la discusión: de dónde se ha sacado el dinero.
El portavoz de Compromís, Fernando Daròs, que en el momento de tomar la decisión asumía la alcaldía en funciones, quiso explicar en Facebook que se trataba de dar una solución a «un problema de seguridad ciudadana». En conversaciones con el área de Hacienda, determinaron derivar el dinero necesario de partidas donde había liquidez «sin afectar a cuestiones esenciales», y se recurrió a informática (inversiones y gasto corriente), empleo (reuniones y conferencias), juventud (reuniones y conferencias), sostenibilidad (sobrante de la compra de contenedores de orgánica) y educación (otros contratos).
La disparidad surge porque desde Esquerra Unida aseguran que «nunca se ha consensuado de dónde iba a salir el dinero», según su portavoz, Carmen García, quien lamenta que «no nos ha convocado a ninguna reunión».
«No se ha consensuado»
García lamentó que este «no es un problema sobrevenido, hace meses que los técnicos informaron», aunque desde el Ayuntamiento confirmaron ayer que «no se tuvo conocimiento hasta el día 7 de junio», cuando empezaron a hacerse gestiones para ofrecer una alternativa viable a les Penyes, porque garantizar la seguridad «era la prioridad».
Desde la parte socialista del gobierno local se limitaron ayer a remarcar que «en una coalición de distintos partidos es normal que haya discrepancias» y restaron gravedad a una situación que no supone ninguna división sino «disparidad de criterios».
En lo que coinciden plenamente Compromís y Esquerra Unida es en la necesidad de crear una ordenanza de fiestas, de la que lleva hablándose desde la legislatura pasada sin que se haya concretado. Darós y García defienden que con esa normativa local se evitarían problemas como el que ha afectado a les Penyes.