Un día después de que el Ayuntamiento de Nules hiciera pública su intención de continuar con la construcción de la pasarela peatonal en la playa de les Marines, paralizada por el servicio provincial de Costas en junio, se personaron en la zona inspectores de este departamento para documentar gráficamente el avance de las obras.
Fue el paso previo a la recepción en el consistorio de un escrito en el que, como conclusión a la relación de incumplimientos que se están cometiendo desde su visión del caso, Costas advierte que esta actitud municipal puede «suponer una infracción penal por delito ecológico». Una vuelta de tuerca más en la tensa relación entre este municipio y los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica en Castellón.
En el Ayuntamiento, lejos de amedrentarse, mantienen este pulso «legal», pues frente a las supuestas infracciones que les imputan, contraponen el obligado cumplimiento de la ley estatal en materia de accesibilidad.
El servicio provincial reconoce que se concedió autorización para la pasarela, pero matizan que no para la que se está haciendo, pues la limitaban al uso en los meses de verano. Aseguran que en la solicitud remitida por el Ayuntamiento «en ningún caso se habilita la construcción de pasarelas in situ, fijas o con una vocación de permanencia de forma continuada».
«Dejen de mentir y amenazar»
Y Nules ha contestado. El alcalde, David García, recuerda que no han hecho nada que Costas no haya ejecutado previamente en este municipio, pues en la zona ya existen pasarelas permanentes, y en cuanto a las advertencias sobre las infracciones, piden que «dejen de mentir y amenazar» e insiste en que no dudarán en acudir a los juzgados para defenderse.
Mientras que Costas enumera los criterios técnicos y los artículos legales que justificarían la paralización de las obras de la pasarela de les Marines en Nules, como que ninguna administración puede actuar en dominio público sin una autorización previa, que aunque en este caso se concedió no fue para una instalación de esas características, el Ayuntamiento defiende su postura en base a otra normativa, haciendo prevalecer los derechos de las personas y la obligatoriedad de garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los espacios públicos.
El alcalde pide que «dejen de perseguir de una vez por todas a nuestra administración» pero también exige que «cesen de amenazar a nuestros vecinos, que llevan soportando desde el año 1998 la tiranía de Costas».
