En pleno verano, con la piscina de Sant Josep cerrada y sin que el Ayuntamiento pueda acceder a las instalaciones, dos nuevos autos judiciales ratifican lo dicho en el mes de junio: la Vall debe arreglar las deficiencias detectadas en el complejo para ponerlo a disposición de la empresa concesionaria y, a su vez, le deniega la petición de acceder a su interior, como se había solicitado en el 2020.
Ambos casos han sido juzgados por el mismo tribunal y magistrada y sus resoluciones, a la vista del consistorio, podrían considerarse «contradictorias», pues una obliga a arreglar una piscina a la que el consistorio, según concluye la otra, no puede entrar. Por esa razón, según informaron fuentes municipales consultadas tras hacerse públicas ambas sentencias, «pronto tendremos una reunión con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y veremos cómo planificar el cumplimiento».
De este modo, el equipo de gobierno vallero se enfrenta a una compleja situación que para la empresa concesionaria, «podría haber tenido una solución fácil» pero que como consecuencia de la «negativa» de las autoridades de «negociar una solución» no ha podido evitar la vía judicial.
Llegados a este punto, para el Ayuntamiento de la Vall «lo más importante y nuestro máximo interés es que se pueda actuar en las instalaciones y que la piscina esté abierta cuanto antes, porque los valleros y no valleros son los principales afectados por esta situación, ya que se ven privados del servicio» un verano más. Desde el gobierno local remarcan que «acataremos lo que diga la Justicia como siempre hemos hecho».
Condiciones para el acceso
Así las cosas, no parece que la solución a esta confrontación de intereses vaya a ser ágil, aunque desde la empresa Fórmula Riu 2014, aseguran tener predisposición para alcanzar la más ventajosa posible para todas las partes, eso sí, sin renunciar a sus derechos.
La empresa está dispuesta a autorizar «los días necesarios» el acceso a las instalaciones, aunque será un permiso «temporal» y «no supone en modo alguno la entrega de las llaves»
La concesionaria --cuyo contrato cabe recordar que fue suspendido en un acuerdo plenario aduciendo incumplimientos por el cierre de la piscina en el 2019--, propone al equipo de gobierno establecer un plan de actuación, en virtud del cual y «para dar cumplimiento de las sentencias condenatorias» contra el Ayuntamiento, autorizarían «los días necesarios» el acceso a las instalaciones, «con aviso previo y presencia del concesionario». Aunque dejan muy claro que es un permiso «temporal» y «no supone en modo alguno la entrega de las llaves», que un juez defiende que les corresponden.
A falta de saber si el consistorio aceptará estas condiciones, lo que sí remarcan desde el equipo de gobierno es que la sentencia principal, la que obliga a reparar la piscina, «confirma lo que siempre hemos dicho, que el PP no la entregó en condiciones en el 2014».
