El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, remitió ayer una carta a la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat, Rebeca Torró, en la que solicita «que se paralicen las obras de construcción del carril bici en la CV-16 y se busque una solución consensuada entre la Generalitat, el Ayuntamiento y las empresas afectadas que no cause problemas ni suponga un peligro para los usuarios de la carretera».
Es más, tras el malestar denunciado por el riesgo que supone el ciclocarril de la CV-16 al reducir la calzada, como ayer publicó Mediterráneo, el primer edil reclama que «de no producirse ese acuerdo, se restablezca la carretera, dejándola como estaba antes de la ejecución del proyecto, y se busque una alternativa para la ampliación de la ciclorruta».
El motivo, según explicó el primer edil, es que «la Conselleria no está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento». Y es que, tal y como se están llevando a cabo, «que no es como se acordó con el consistorio, suponen un peligro para la circulación y están causando importantes molestias a los usuarios del vial, especialmente a los transportistas y empresas del sector cerámico, principal motor económico de la capital de l’Alcalatén».
Falomir resalta que se trata de una carretera que soporta un importante tráfico de vehículos pesados y, tanto transportistas como empresas, han denunciado las dificultades que, con motivo de las tareas realizadas por el Consell, principalmente por el estrechamiento de los carriles, se están encontrando para transitar y acceder a sus instalaciones.
Aviso
«Desde un primer momento, en cuanto vimos las marcas en la carretera (anteriormente no recibimos ninguna información sobre cómo se ejecutaría el proyecto), desde el consistorio comunicamos a la Conselleria que, si no se realizaban los viales más amplios, no se podría garantizar la seguridad y generaría problemas, tal y como está sucediendo».
Aunque es un vial de titularidad autonómica, las obras afectan a vecinos y empresas, por lo que Falomir cree que «se tendría que haber tomado en consideración la opinión del Ayuntamiento, dirigida a garantizar la seguridad de todos».
