La Generalitat vuelve a tumbar la planta de residuos que proponía instalar la antigua Reyval, ahora bajo el nombre de Aprocol, en l’Alcora. La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental desestima el recurso de alzada que presentó la empresa después de que este departamento de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica ya denegara en un primer momento, en una resolución publicada el pasado 28 de abril, el proyecto planteado por esta mercantil.
Este reiterado no del Consell a las intenciones de Aprocol da la razón una vez más al Ayuntamiento, que vuelve a ganar su batalla particular contra la empresa, después de que la Generalitat ratificara lo que el consistorio decidió desde un inicio, que no autorizaba la planta (la alternativa a la incineradora de residuos de la extinta Reyval que tanto revuelo levantó) al no ser compatible con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.
Informe "contundente"
Un razonamiento que atestigua el alcalde, Samuel Falomir, quien indica que la única vía que les queda ahora es presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Aun así, piensa que tendría pocos visos de prosperar. «Creo que tampoco le dará la razón porque el informe de la abogacía de la Generalitat es contundente y con el PGOU de l’Alcora este tipo de industria no tiene ningún tipo de posibilidad», dice.
Tal como refleja esta nueva resolución, a la que ha tenido acceso Mediterráneo y firmada por la secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, el Consell considera como propios los argumentos utilizados por el consistorio, ya que «el Ayuntamiento, órgano competente para otorgar la compatibilidad urbanística, la ha considerado incompatible» en un primer momento.
De hecho, el texto pone de manifiesto que Aprocol no ha sido capaz de aportar ninguna justificación técnica a partir de nueva documentación, ni siquiera en el momento de presentar el recurso de alzada. Por ello, «ante la ausencia de argumentos nuevos, la validez y permanencia del contenido de los informes municipales en el expediente es total», sentencia.
Además, aunque la empresa defiende que la clasificación de la actividad, de acuerdo al nivel de contaminación, debería ser del grupo B, la resolución lo rebate y deduce que «realmente es grupo A, puesto que la cantidad de residuos peligrosos justificada es mayor a las 10 toneladas por día».
El Ayuntamiento cree que este dictamen servirá para poner fin a la vía administrativa y puede suponer de forma definitiva el final de la actividad de la antigua Reyval en l’Alcora, al menos en cuanto al tratamiento de residuos se refiere. El último resquicio al que se puede aferrar la empresa es recurrir ante el TSJC, para lo que tiene un plazo de dos meses.
