El edificio del juzgado de paz de la Vall, tras su reforma, ya funciona a pleno rendimiento. Este miércoles lo ha podido comprobar la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha visitado las instalaciones pocos días después del traslado definitivo del personal que, mientras se planificaban y ejecutaban las obras, ha estado prestando servicio en el Espai d'Igualtat i Pau, también de titularidad municipal.
Han hecho falta 70.000 euros, varios años de espera y algunos meses de retraso para que las obras hayan sido una realidad. Desde el Ayuntamiento remarcan que a las circunstancias adversas que han acompañado a este proyecto —como la paralización administrativa que provocó la pandemia— hay que sumarle el imprevisto de detectar, por casualidad mientras se realizaban otros trabajos, el «preocupante estado de conservación» de una viga principal que requirió ampliar el presupuesto y el plazo de ejecución. Hasta 16.000 euros más ha gastado el consistorio para garantizar que esta reforma tenga permanencia en el tiempo.
La transformación ha sido más que evidente. Los defectos del inmueble eran múltiples: humedades, falta de accesibilidad, deficiente climatización e instalaciones obsoletas. Con la reforma, pese a que la estructura es la misma, se han mejorado todos esos aspectos de manera evidente, como llevan comprobando los usuarios desde la semana pasada.
Instalaciones del siglo XXI
La alcaldesa, Tania Baños, ha afirmado que la Vall cuenta ahora con unas instalaciones «como correspondían al siglo XXI» y ha invitado a hacer un ejercicio de memoria para «recordar cómo estaba». Aprovechando la presencia de la conselleria, le ha agradecido que facilite la prestación de la administración de justicia «en igualdad de condiciones» para los vecinos de su ciudad, a través de los distintos servicios que se están implantando en el municipio.
«Desde hace un año, el juzgado de paz de la Vall presta el servicio de Justiprop y facilita el acceso a un asesoramiento jurídico necesario antes de abordar cualquier problema desde el ámbito judicial»
Gabriela Bravo ha aprovechado su visita para reivindicar el trabajo que está haciendo la Generalitat para «coser el territorio y cohesionarlo» a través de una «justicia próxima» en la que «todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan acceso a sus recursos». Ha recordado que desde hace un año, el juzgado de paz de la Vall presta el servicio de Justiprop, una oficina «que facilita el acceso a un asesoramiento jurídico necesario antes de abordar cualquier problema desde el ámbito judicial». La consellera ha defendido que todas las personas pueden conocer «cuáles son sus derechos y qué medios tienen a su disposición antes de judicializar cualquier asunto». El propósito de la Conselleria es implantar en la Vall «en el futuro» el espacio de mediación (Mediaprop), con el que la gente «puede resolver sus problemas por la vía extrajudicial, a través del diálogo». Ha confirmado que el presupuesto del 2023 para estos dos proyectos alcanza los 4 millones de euros.
Bravo ha visitado la Vall porque iba a participar en la apertura de la jornada Justicia próxima, en la que se informa sobre estas iniciativas autonómicas.
