Carpetazo al conflicto abierto desde este pasado verano sobre la concesión del antiguo camping de Burriana. La justicia ha ordenado el desmontaje y desalojo de las instalaciones, llamadas actualmente El Pilón, fijando el plazo de un mes para llevarlo a cabo. Acaba así la pugna iniciada en junio cuando el hasta ahora adjudicatario mostró su negativa a marcharse pese a perder la puja.
El juzgado de lo contencioso-administrativo ha desestimado la medida cautelar presentada por el anterior responsable del restaurante del que estuvo al frente del mismo durante las últimas dos décadas.
En el decreto se le comunicaba la extinción de la autorización demanial al no haber resultado el vencedor del concurso público realizado por el Ayuntamiento de los puestos de la playa.
Tal y como informó Mediterráneo, el traspaso debió efectuarse el 1 de mayo al igual que las demás concesiones, pero al iniciarse el proceso legal, quedó paralizado hasta su resolución.
Advertencia
El auto incluye la advertencia de que de que en caso de incumplimiento se procederá a la incoación de expediente de ejecución subsidiaria. Esto significa que si el responsable no comienza a desmantelar las instalaciones el propio consistorio será el responsable de hacerlo.
De hecho, una de las alegaciones del propietario hacía referencia directa a los perjuicios patrimoniales derivados de tener que derribar la construcción que hay en la actualidad.
Los trabajos necesarios para quitar todos los elementos instalados como cocina, aseos o soleras de hormigón están cifrados por los técnicos municipales en unos 55.000 euros en total.
No obstante, fuentes cercanas al caso informaron de que falta por ratificar la firmeza de la resolución por lo que, al parecer, la cuestión podría seguir abierta, al menos, unas semanas más.
Por otra parte, los nuevos adjudicatarios ya advirtieron en su momento que toda esta problemática les estaba acarreando daños económicos. Esgrimieron que han tenido que durante todo este tiempo han tenido que hacer frente a diversos costes como el pago del canon del espacio, la fianza, la tasa de basuras y los servicios de asesoramiento legal.
La suma asciende a cerca de 50.000 euros invertidos sin haber podido sacar rendimiento de la gestión del recinto.
