Novedades sobre el 'caso Vallpala' en la Vall d'Uixó, ¿qué dice la última sentencia sobre el complejo deportivo?

En enero del año 2019, la empresa que gestionaba las instalaciones deportivas de Vallpala tuvo que abandonar el complejo de pádel tras la resolución del contrato y la concesión por parte del Ayuntamiento de la Vall. Ese mismo mes, el consistorio asumió la gestión y asistió a la resolución de diferentes procesos judiciales que habían dado la razón a los intereses municipales en todo o parte de lo reclamado. La situación ha cambiado. Un juez, en respuesta a un recurso presentado por la empresa, ha dado un giro radical a la línea judicial mantenida hasta ahora al anular todas las resoluciones anteriores. Considera que no había una razón fundamentada para resolver esa concesión.

Esta sentencia llega entre la incredulidad del Ayuntamiento y la satisfacción de los propietarios de Vallpala. De acuerdo con lo dictado por el magistrado, el consistorio debería devolver a la empresa la gestión del complejo en las condiciones en las que se encontraba en el 2019, cuando lo abandonaron. Pero el procedimiento está lejos de acabar.

El equipo de gobierno tiene claro que va a recurrir. Acudirán al Tribunal Supremo, donde defenderán que «la resolución del contrato con la empresa concesionaria se realizó atendiendo a las cláusulas sancionadoras recogidas en el pliego de condiciones para aplicarse en el caso de producirse incumplimientos». Recuerdan, de hecho, que «en primera instancia, el juez dio la razón al Ayuntamiento». Por tanto, desde la convicción de que se actuó para «defender los intereses generales de la ciudad», van a recurrir «para seguir haciéndolo».

Este caso comenzó cuando el consistorio detectó unas obras ejecutadas sin licencia municipal, a través de las cuales, según se explicó en su momento, se transformó la cafetería que incluía la concesión en un restaurante. Para el equipo de gobierno, los hechos eran «muy graves» y en esa circunstancia fundamentaron todas las decisiones que se tomaron y que los tribunales, hasta ahora, han avalado.

¿Qué dice ahora el juez?

El magistrado que ha valorado el recurso presentado por la empresa a la última resolución en su contra considera que haber convertido la cafetería en restaurante no es razón suficiente para rescindir el contrato y extinguir la concesión, pese a que otros tribunales habían avalado previamente esa tesis.

Expone que, tras estudiar los argumentos de la defensa de Vallpala, el Ayuntamiento debería haber abierto un expediente de «restitución de la legalidad urbanística» y otro sancionador, con lo que se habría solucionado la irregularidad detectada. El juez considera que la retirada de la concesión no sería proporcional.

Una «cuestionable» licencia

En los antecedentes de hecho de su sentencia y en los fundamentos de derecho, el juez hace mención a que en el 2014, finalizadas las obras de construcción del complejo, los técnicos municipales detectaron que se había realizado un cerramiento que no se correspondía con lo especificado en el pliego de condiciones. A pesar de esos informes que apuntaban a que las obras podían considerarse «ilegalizables», como reconoce el magistrado, el Ayuntamiento —gobernado entonces por el PP— concedió la licencia de actividad.

En la misma línea, recuerda que entre 2016 y 2018 «los técnicos municipales ponen de relieve que las instalaciones y medidas correctoras no corresponden con las descritas en el proyecto técnico en base al cual fue concedida la licencia ambiental». La sentencia expone que «esta observación pone de relieve que estas obras no pueden ser el motivo de la resolución de la concesión» porque el Ayuntamiento «ya las conocía cuando otorgó la licencia», argumenta el juez.

El Ayuntamiento no está de acuerdo con esa conclusión y por eso tienen muy claro que van a recurrir ante el Supremo.

El equipo de gobierno señala al PP

Para el equipo de gobierno, llegados a este punto, lo que esta sentencia «deja en evidencia» no es cómo han gestionado la resolución del contrato de Vallpala los actuales gobernantes, sino «el modelo de concesiones del PP». Recuerdan que, cuando estaban en la oposición votaron en contra precisamente de esta adjudicación.

No procedía autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad, pero acusan al PP de hacerlo contra los informes técnicos

Desde el consistorio que dirige Tania Baños inciden en que «la sentencia reconoce que los técnicos municipales emitieron un acta desfavorable a la apertura y puesta en funcionamiento de las instalaciones en el 2014, porque no procedía autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad hasta que la empresa concesionaria no corrigiera las deficiencias», algo que no se hizo.

Señalan que «sin que se subsanaran, el alcalde del PP, Óscar Clavell, concedió la licencia de apertura, en contra de los informes de los funcionarios».

¿Qué hará la empresa?

Consultados por esta sentencia a su favor, desde Vallpala confían en que el Ayuntamiento no recurra —está confirmado que sí que lo harán— y esperan poder negociar con el equipo de gobierno la resolución de este caso, de manera que se compense «todo el daño que nos han hecho». Tendrán que esperar a lo que diga el Tribunal Supremo.

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