Costas ordena derribar cuatro 'casetes' en la playa de Nules

La espada de Damocles que durante décadas ha pendulado sobre les casetes de la playa de Nules ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un hecho. La Dirección General de Costas ha comunicado por escrito a cuatro vecinos que deben derribar ya sus viviendas. Las cuatro están en el tramo comprendido entre la Gola y el término municipal de Burriana.

La noticia ha caído como una losa en un municipio que en los últimos años ha intensificado su defensa del que consideran el casco histórico del poblado marítimo. Y en ese contexto, el alcalde, David García, pide que, pese a la resolución del Ministerio, no cunda la alarma. «Nos preocupa, deseábamos que no llegara este momento, pero estamos preparados para defender los intereses del municipio y sus vecinos», afirma.

Las resoluciones de derribo en el litoral no están afectando solo a Nules. García afirma: «A través de la plataforma Som Mediterrània, sabemos que está pasando lo mismo en otras localidades como Guardamar del Segura o Dènia». Por unas razones que desconocen, Costas reactiva ahora expedientes que llevaban años, incluso décadas, en tramitación. Las resoluciones, en todos los casos, están siendo contrarias a los intereses de los ciudadanos, pues ordenan la desaparición de los inmuebles.

Sin concesión

"Han empezado por los más débiles, los que tienen menos argumentos jurídicos para defenderse"

David García

— Alcalde de Nules

Que solo estos cuatro propietarios hayan recibido una notificación con idéntica conclusión tiene para el alcalde de Nules una clara motivación: «Han empezado por los más débiles, los que tienen menos argumentos jurídicos para defenderse». La coincidencia es que tienen la concesión extinguida y en los cuatro fueron los particulares los que solicitaron al Ministerio la renovación, transmisión o prórroga de esa autorización de ocupación. La demorada respuesta dicta que «se proceda al levantamiento de las instalaciones y su retirada del dominio público marítimo-terrestre, por los interesados y a sus expensas, habiéndose extinguido la concesión otorgada». Las cuatro casas fueron construidas el siglo pasado, entre los años 50 y 60.

Los expedientes, como ha podido comprobar Mediterráneo, se iniciaron entre 2001 y 2006. Los concesionarios fallecieron y sus herederos iniciaron los trámites para mantener los derechos adquiridos por sus familiares. Costas ha tardado entre 16 y 21 años en responderles. Y ese es uno de los fundamentos legales a los que ha recurrido el Ayuntamiento para revocar la decisión ministerial, «la caducidad de los expedientes públicos». El munícipe afirma que «la Administración no puede tardar décadas en responder a un ciudadano porque genera una evidente inseguridad jurídica».

Otra de las estrategias de defensa, como ha notificado el consistorio a Costas, es que al ordenar estos derribos «están incurriendo en una ilegalidad». García recuerda que la ley de patrimonio valenciano «detalla taxativamente que desde que se inicia un expediente de protección de un bien hasta que se resuelve, de forma cautelar, debe estar protegido».

En noviembre del 2022, el Ayuntamiento solicitó declarar lugar de memoria democrática el conjunto de les casetes por la relevancia acreditada que tuvieron en la guerra civil. En diciembre, se pidió la declaración de bien de relevancia local. «Desde ese momento, no se puede hacer nada que las ponga en peligro hasta que se resuelvan las dos», insiste.

Argumentos legales

Si pese a todo, Costas persistiera en hacer cumplir su orden, se encontrará en los tribunales con particulares y consistorio. Y el alcalde es tajante en un detalle particular: «No vamos a autorizar nunca un derribo de una caseta --cualquier obra pública o privada necesita licencia municipal--». y añade: «Tenemos respaldo jurídico para hacerlo». 

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