CONFLICTO EN LA RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES
Más cerca el derribo del Pilón: Burriana entra en el proceso judicial
La junta de gobierno aprueba comenzar la ejecución subsidiaria con el fin de recuperar el antiguo cámping
Los técnicos deberán hacer una estimación real de los costes para desmontar por completo las instalaciones. / Isabel Calpe
El Ayuntamiento de Burriana activa el posible derribo del local del antiguo cámping y toma la iniciativa judicial. Es un conflicto que comenzó el pasado verano durante la renovación de las concesiones administrativas de los puestos de la playa. El consistorio da este primer paso tras decaer las medidas cautelares que solicitó el anterior adjudicatario, que se negó a abandonar las instalaciones pese a no haber renovado la autorización.
La junta de gobierno local ha aprobado iniciar las actuaciones de ejecución subsidiaria de los trabajos necesarios para devolver al estado original el terreno de propiedad municipal. Esto significa que se pone en marcha el expediente para demoler y desmontar las estructuras que conforman el restaurante, que, después de más de 20 años en activo, tiene construidos una cocina, baños, el espacio cerrado acristalado para las mesas y voladizos en la terraza.
El concejal de Urbanismo y Actividades, Bruno Arnandis, explica que «el contencioso que el anterior adjudicatario interpuso con el objetivo de paralizar la adjudicación sigue adelante», pero desde el Ayuntamiento han decidido ponerse en marcha porque no pueden «dejarlo así», comenta.
La apertura del procedimiento contempla la notificación al interesado y una cita in situ con los técnicos municipales para hacer una valoración inicial acerca de las labores de derribo necesarias.
Dos posibilidades
El Ayuntamiento da este primer paso tras decaer las medidas cautelares que pidió el anterior adjudicatario
Con todo, el desarrollo del proceso dependerá de si el responsable de las instalaciones se presenta a la citación, prevista para la semana que viene. En ese caso, los funcionarios accederán para recabar los datos con los que elaborar el proyecto de derribo, cifrado de forma estimada en un coste de 55.000 euros.
Con la información en firme, el Ayuntamiento ya podrá contratar una empresa para ejecutar las labores, aunque según esgrimió Arnandis, «siempre existe la posibilidad de que el anterior adjudicatario lo realice por su cuenta y no sea necesario que los gastos sean a cargo de las arcas municipales».
No obstante, estos son los pasos que dicta el procedimiento y, en caso de que los trabajos tengan un coste inferior a 40.000 euros, podrá encargarse de forma directa, pero si son mayores a esa cifra, será necesario licitar el contrato.
Por contra, si el anterior gerente no acude a la convocatoria, todo quedará en manos de los servicios legales del consistorio, que deberán solicitar una autorización judicial para acceder al recinto y llevar a cabo las tareas pertinentes. Cabe recordar que el traspaso debió efectuarse en mayo del 2021 a unos nuevos adjudicatarios, quienes permanecen a la espera.
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