Bonificarán hasta un 70% el ICIO como «ventaja competitiva» ante otros municipios

La Vall impulsa un nuevo incentivo fiscal para atraer empresas a la ciudad

Prospera el acuerdo para reabrir la piscina de verano

La alcaldesa, Tania Baños, dio a conocer el nuevo incentivo fiscal.

La alcaldesa, Tania Baños, dio a conocer el nuevo incentivo fiscal.

La Vall d’Uixó lanza una nueva ventaja fiscal para incentivar que nuevas empresas se instalen en la ciudad y las que están asentadas amplíen y modernicen sus instalaciones. El Ayuntamiento bonificará hasta un 70% el ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) «para ofrecer una ventaja competitiva y que las empresas elijan la Vall por delante de otros municipios», defiende la alcaldesa, Tania Baños.

Estas bonificaciones del impuesto que se paga al pedir una licencia de obras las mantendrán durante cuatro años y cuentan con dos modalidades, para emprendedores y microempresas, y para empresas en las áreas industriales. «Esta medida puede decantar decisiones empresariales que contribuyan a recuperar nuestro liderazgo empresarial y económico como ciudad», dice Baños.

En lo que respecta a la implantación de mercantiles o la ampliación de instalaciones en los polígonos, bonificarán un 30% del ICIO si crean de uno a tres puestos de trabajo con contrato indefinido, el 50% en el tramo de 4 a 9 y el 70% en el caso de ofertar más de 10 nuevos empleos fijos.

La vía para emprendedores y microempresas bonifica el 50% del ICIO por implantar, ampliar o modernizar el negocio a los autónomos con un número de socios o trabajadores inferior a 5 o a las empresas de menos de 10 trabajadores con un volumen de negocio por debajo de dos millones de euros. «Con ello fomentamos y apoyamos sobre todo a los autónomos y al comercio local», destaca.

Estas ventajas fiscales forman parte de «una estrategia industrial y empresarial que funciona», ya que «el equipo de gobierno lo está demostrando con hecho y con resultados, dando pasos importantes adelante para el presente y el futuro de la Vall». Se suman a las bonificaciones en el IBI que ofrecen por la instalación de placas solares y cargadores de vehículos eléctricos y en el IAE por la contratación de personal indefinido. 

Puente industrial

Pero «el gran punto de inflexión» que muestra que la Vall tiene «un proyecto sólido y estable» es el inicio de las obras del puente entre los polígonos Belcaire y Mezquita y la aprobación inicial de una propuesta para crear más de 700.000 m² de suelo industrial, que también responde a un proyecto «para aprovechar la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunt».  

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Entre los acuerdos que prosperaron ayer en el pleno municipal de la Vall destaca uno que pone fin a un procedimiento judicial que mantenía cerrada la piscina de verano desde el mes de julio del año 2019. El quinto del punto del orden del día planteaba la aprobación del «convenio transaccional» suscrito por el Ayuntamiento y la empresa concesionaria «para liquidar por mutuo acuerdo del contrato de gestión del servicio público de la piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y piscina del paraje de Sant Josep». La mayoría del equipo de gobierno (PSOE, EU y Compromís), con el respaldo de Ciudadanos, ratificó la propuesta. El Partido Popular y Vox se abstuvieron sin justificar su voto, aunque siempre han criticado cómo ha gestionado el gobierno local este asunto.

Recuperar el acceso a las instalaciones para acometer su reforma le va a costar 250.744 euros al municipio, la cantidad pactada con Formula Riu para paralizar los procedimientos judiciales abiertos, muy inferior a los 800.000 euros que solicitaban en su demanda. 

Con varias sentencias contrarias a los intereses del Ayuntamiento, el tripartito valoró que lo más sensato era negociar con la concesionaria, a la que le retiraron la adjudicación aduciendo unos incumplimientos que, según los magistrados que han resuelto sobre la cuestión, no se produjeron. Consideraron probado que las instalaciones se cedieron en condiciones deficientes. La alcaldesa, Tania Baños, siempre ha defendido que la «mala gestión» del PP del contrato está tras esta situación.

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