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El calvario de dos jubilados de Sant Mateu: Un inquilino okupa les debe 15.000 € y le pagan las facturas

Tienen una sentencia de desahucio por impago, pero se encuentra paralizada al declararse el deudor en situación de vulnerabilidad

Vicente Folch y Anselma Arís, frente a su casa de Sant Mateu.

Vicente Folch y Anselma Arís, frente a su casa de Sant Mateu. / MEDITERRÁNEO

La jubilación debería ser, en teoría, la época más tranquila en la vida de una persona. Sin embargo, en el caso del matrimonio formado por Vicente Folch, de 81 años, y Anselma Arín, de 76, se ha convertido en una etapa de lo más amarga. Con el objetivo de tener una vejez un poco más desahogada y conseguir un ingreso extra para completar sus escasas pensiones, reformaron su vivienda familiar de la calle La Cort de Sant Mateu, logrando sacar dos estudios para poder alquilarlos. 

La sentencia

Tras la reforma, arrendaron uno de estos nuevos espacios a un hombre que, al cabo de un año y medio dejó de pagar, tal y como declara una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vinaròs. Dicho órgano ordenó el desahucio por falta de pago hace ya nueve meses, tras expirar el plazo de desahucio voluntario. 

Asimismo, como señala el documento al que ha tenido acceso este diario, la magistrada condenó al inquilino a pagar al matrimonio los 9.500 euros que debían hasta el momento en que se dictó sentencia, «más las rentas que vayan venciendo hasta el total desalojo y los intereses». Sin embargo, pese al fallo judicial a su favor, ni un euro han visto Vicente y Anselma, para quienes no solo persiste el problema de impago de alquiler, sino que además sigue haciendo frente a elevadísimas facturas de suministros de agua y luz. 

Al parecer, el inquilino se ha declarado en situación de vulnerablidad por tener hijos menores a su cargo, hecho que ha paralizado la aplicación del fallo judicial.

«En la práctica, se nos ha condenado tácitamente a seguir dejándole gratuitamente nuestra casa, pagándole electricidad y gas a su antojo. ¿Si son vulnerables, porque no buscan trabajo?», reflexiona este octogenario de Sant Mateu. «Nosotros no somos ninguna oenegé, ni hermanitas de la caridad. Debería ser la administración, a través del ayuntamiento, la comunidad autónoma o el Gobierno, ya que el Congreso de los Diputados hace las leyes, quien se haga cargo de darles una vivienda digna a quien lo necesite, como dice la Constitución. A nosotros nos deben más de 15.000 euros y no podemos más», denuncia el hombre.

Se cruzan a diario

Se da, además, la circunstancia de que okupas y propietarios viven en la misma finca, por lo que deben cruzarse cada día en la escalera y soportar «sonrisas sarcásticas», según los afectados.

El matrimonio dice sentirse desprotegido y hace un llamamiento a las autoridades para desbloquear la complicada situación a la que se han visto abocados en la que debiera ser la etapa más apacible de sus vidas.

«Después de toda una vida de trabajo y sacrificio, no esperábamos llegar a este punto a nuestros 80 años, sin que nadie nos asista y sin saber qué hacer. ¡Nosotros sí que somos personas vulnerables!, clama la pareja, presa de la desesperación y el agotamiento.

La okupación: un problema recurrente

El problema de la okupación afecta de forma recurrente a muchos otros vecinos de la provincia. Sonados han sido los conflictos del PAU Lledó de Castelló, de la plaza de los Dolores de Benicàssim, o de las playas de Moncofa o Nules, entre muchos otros. En los últimos días, este diario viene informando del grave foco de okupación que mantiene en alerta a los vecinos de Els Quarts, en Orpesa. Los vecinos alertan de que ya son más de 40 las viviendas adosadas habitadas de forma ilegal y que aumenta la inseguridad con robos, peleas, amenazas, vertido ilegal de residuos en los solares, consumo de drogas etc.. Se proyectó como un lugar tranquilo donde vivir, con adosados y cerca de la playa de la Concha.

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