Okupas toman un edificio de la Vall d’Uixó y utilizan el barranco como vertedero

El primer edificio de la calle Alfondeguilla conforme se entra por la carretera de Segorbe, en la Vall d’Uixó, está tomado por «varias familias» de okupas, según han confirmado desde el Ayuntamiento. Una situación que no solo está generando las habituales molestias en el vecindario por ruidos, peleas o problemas de convivencia similares, sino que además, ha convertido el barranco sobre el que se alza el inmueble en un vertedero particular de estas personas.

El consistorio no solo es conocedor de la circunstancia. Corroboran que existen expedientes abiertos relacionados con sus moradores tanto en la Concejalía de Servicios Sociales como en la Policía Local. En cuanto a la propiedad del edificio, se repite el patrón más común en estos casos: la titularidad es de una entidad financiera y, por lo tanto, las reclamaciones siguen otro curso y ritmo distintos a que si fueran particulares.

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Según ha podido saber Mediterráneo, los residentes en las inmediaciones del inmueble han notificado molestias en numerosas ocasiones y también se han mantenido diversas reuniones y contactos con las autoridades municipales buscando algún tipo de solución.

Especial preocupación genera, según vecinos de la zona, el vertido ilegal de residuos al barranco, porque no son hechos puntuales, sino una conducta habitual. Actualmente, este entorno presenta abundante vegetación, pero puede comprobarse con facilidad la existencia de todo tipo de restos, desde basura a voluminosos.

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Vertidos por limpiar

A este respecto, desde el Ayuntamiento confirmaron este miércoles que el departamento de Sostenibilidad «está trabajando en una solución para la limpieza del barranco». No hay que olvidar que la competencia en esta materia es de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de la que depende la gestión de los cauces fluviales de la cuenca.

De hecho, parece ser que los vecinos han llegado a poner quejas en la administración provincial, pero también en la estatal, sin que hasta el momento tengan constancia de que se haya retirado la basura. Un hecho que ha generado especial preocupación los últimos meses, ante las persistentes lluvias y las continuas alertas.

Opinión RECONTRAVicent García Nebot

Okupas vs. ocupas

Se da la circunstancia de que el centro de salud del Carbonaire, como sucede con el inmueble okupado, está construido en la linde del mismo barranco. Los usuarios tienen unas vistas privilegiadas a ese escenario «insalubre», lamentan los residentes en la zona.

Vertides ilegales desde mayo

En cuanto a quién vive en el edificio de tres plantas y desde cuándo, testigos consultados apuntan a aproximadamente el mes de mayo como la fecha en la que empezaron a denunciarse los vertidos. Precisan que hay «mucho movimiento de gente». Al parecer, aunque es una cuestión que oficialmente no se ha confirmado, quienes ahora estarían residiendo allí estarían pagándole un alquiler a quien lo okupó en primera instancia. Una práctica habitual en este tipo de pisos, por lo que se podría considerar doblemente ilegal.

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Según informaciones a las que ha podido tener acceso este periódico, durante un tiempo que no han concretado, el edificio «ha sido un nido de gente problemática y sin recursos que malvive ahí», lo que genera inquietud entre los residentes de la calle, que reconocen tener temor de denunciar la situación, aunque la consideren insostenible. De ahí que busquen una solución a la mayor brevedad posible, para facilitar la convivencia.

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Medidas contra la okupación

Cada vez está siendo más habitual encontrarse con viviendas vacías que tienen medidas de seguridad para evitar la okupación. Lo hacen particulares e incluso bancos, pero también ayuntamientos. Sería el caso de Burriana, que el pasado mes de octubre confirmó el tapiado de una vivienda que no tenía puerta para evitar la usurpación. 

El consistorio tuvo conocimiento de que el inmueble de la calle San Bruno no tenía puerta, lo que suponía un peligro para la seguridad ciudadana y la salud pública, además de ser una invitación a la okupación. Por esa razón, como los propietarios no adoptaron ningún tipo de medida, fue el Ayuntamiento el que intervino. Para ello, no se dudó en solicitar una autorización judicial.

Son conocidos casos en diversos municipios en los que la policía local ha podido abortar okupaciones, porque vecinos de viviendas vacías están pendientes de cualquier movimiento sospechoso.