Costas y Patrimonio obvian la urgente protección del tómbolo de Peñíscola

Cinco años después de producirse el desprendimiento de dos grandes rocas que forman los acantilados del tómbolo de Peñíscola, el problema continúa sin resolverse. El Ayuntamiento lleva todo este tiempo solicitando ayuda y premura para que se tomen medidas de protección del peñón sobre el que se asienta el castillo del Papa Luna y el casco antiguo.

El alcalde, Andrés Martínez, no cesa en reivindicar la necesidad de proteger esta joya patrimonial. «Ningún ministerio ha movido ficha por Peñíscola, Costas no ha dicho nada y deriva la responsabilidad a Patrimonio, quienes tampoco se han pronunciado», asevera.

Para Martínez, «el hecho de que no haya presupuestos del Estado para determinadas actuaciones corrobora la ingobernabilidad en España en estos momentos y la incapacidad para afrontar las necesarias medidas de protección».

El alcalde se reunió en Madrid con responsables de la Subdirección General de Costas para plantear la «urgencia» de aplicar acciones de conservación del tómbolo rocoso. «No han querido saber nada», denunció Martínez en sus redes sociales al salir de la reunión, explicando que derivaron la problemática a Patrimonio del Estado, administración que pertenece también al Gobierno central.

El Gobierno ‘pasa’ del tómbolo que sustenta el castillo de Peñíscola

Un fuerte temporal marítimo azotó la costa de Peñíscola en diciembre del 2019 y provocó el desprendimiento de dos bloques de piedra de la gran roca que sustenta el castillo del Papa Luna.

Un lustro de espera

Ahora, transcurrido un lustro de aquel suceso, todavía no se ha llevado a cabo ninguna actuación sobre el lugar para paliar los efectos del mar sobre el terreno. Durante todo este tiempo, el consistorio ha aprobado distintas mociones. La primera de ellas fue en enero del 2020, para reclamar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la realización urgente de un estudio geológico.

La segunda llegó en febrero del 2022, para instar al ejecutivo central a efectuar las acciones previstas en el estudio de la Universitat Politècnica de València, encargado por la Diputación de Castellón.

Y es que, con la finalidad de activar este plan de acción para la estabilización y protección de las laderas del frente marítimo, la institución provincial creó en noviembre de ese mismo año una mesa de trabajo en la que también estaban representados distintos estamentos ministeriales competentes.