Barrachina deja claro que "seguirá defendiendo" el poblado de Torre la Sal tras la "nueva amenaza de derribos" del Gobierno

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, afirma que “seguiremos defendiendo a los castellonenses y el futuro de nuestra costa frente a la nueva amenaza de derribos en Torre la Sal por parte del Gobierno central”.

Así lo ha explicado tras conocer que la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya comenzado a notificar a los propietarios del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021 en la que se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona del litoral por estar en dominio público marítimo-terrestre.

Los propietarios han comenzado a recibir las notificaciones de rechazo por parte del Gobierno de España a sus recursos. La decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja a los propietarios de las viviendas la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio.

Torre la Sal tiene dos meses para buscar amparo en la justicia y salvar el poblado tras el último varapalo de Costas

"Es inaceptable que el Gobierno cierre las puertas al diálogo"

“Es inaceptable que, tras años de incertidumbre, el Gobierno central cierre las puertas al diálogo y obligue a nuestros vecinos a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales para defender lo que legítimamente les pertenece”, ha explicado la presidenta de la Diputación. “Exigimos al Ministerio para la Transición Ecológica que retome el diálogo y busque soluciones consensuadas que no perjudiquen a las familias de Torre la Sal afectadas”, ha añadido.

“Torre la Sal no es solo un conjunto de viviendas; es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Su destrucción sería una pérdida irreparable para Castellón y para las generaciones futuras. Por eso, desde la Diputación, continuaremos trabajando incansablemente para defender los intereses de los castellonenses y proteger nuestro patrimonio, utilizando todos los recursos legales y administrativos a nuestro alcance”, ha subrayado la presidenta.

Además, la presidenta de la Diputación ha indicado que “esta decisión del Ministerio demuestra una falta de sensibilidad y de respeto hacia las familias que han hecho de Torre la Sal su hogar. Es hora de que el Gobierno central escuche a Castellón y actúe con responsabilidad”.

Con este objetivo, el Gobierno provincial presentará una moción en el pleno correspondiente al mes de enero en defensa de los vecinos afectados de Torre la Sal para que el Ejecutivo central escuche y atienda a los afectados.