ELS PORTS
Las obras del Clúster del Maestrazgo comenzarán el primer trimestre de este año
El fondo de inversión danés CIP asegura que los trabajos "seguirán escrupulosamente la normativa vigente"

La subestación eléctrica de Fraximeno se ubica en el término municipal de Morella. / Javier Ortí
El proyecto del Clúster del Maestrazgo iniciará las obras en las próximas semanas. Ante los planes de Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), el fondo de inversión danés encargado del proyecto, y la proximidad del comienzo de las actuaciones, desde la Plataforma No a la MAT han anunciado el requerimiento de medidas cautelares para bloquear las obras.
La empresa danesa y la Plataforma No a la MAT tienen perspectivas muy diferentes sobre la viabilidad del proyecto eólico. La empresa promotora asegura que los planes de construcción avanzan conforme a lo previsto.
Desde CIP el tono es optimista, “las obras comenzarán en el primer trimestre de 2025, tal como estaba previsto en la planificación inicial”, asegura Javier Prados, director de CIP en España.
Fuentes de la compañía explican que la tramitación de un proyecto de estas dimensiones no es sencilla, pero que siguen trabajando para obtener las últimas licencias y concluir todos los trámites administrativos según el calendario previsto. "Estamos muy tranquilos en este sentido y avanzando muy bien para iniciar las obras de construcción, siguiendo escrupulosamente la normativa vigente", señalan.

El proyecto del clúster afectará las torres eléctricas de la zona. / Javier Ortí
Desde la Plataforma No a la Mat, apuntan en un sentido diametralmente opuesto. “El proyecto se encuentra actualmente judicializado y siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por delito ambiental y prevaricación en el proceso de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tras la aceptación a trámite del contencioso administrativo que hemos presentado diversas asociaciones y plataformas", claman.
Ante el comienzo de inicio de las obras, anuncian acciones. “Deberán esperar a tener una resolución judicial antes de comenzar. Si por un casual en los próximos meses entran máquinas a trabajar, las entidades denunciantes vamos a solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares por daños medioambientales irreparables”, aseguran desde la plataforma.
En cuanto a las preocupaciones sobre el impacto medioambiental, la empresa recuerda que el principio de prevención medioambiental rige todo el proyecto y defiende que éste no incrementa el número de líneas de alta tensión en la región, sino que implica la sustitución de la línea existente LAAT Renomar por una nueva que contará con medidas avanzadas de protección para la avifauna por lo que no entienden la confusión creada por la plataforma.
"Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2025, tal como estaba previsto en la planificación inicial. Estamos muy tranquilos en este sentido y avanzando muy bien para iniciar las obras de construcción, siguiendo escrupulosamente la normativa vigente".
Según CIP, se instalarán catadióptricos cada cinco metros a lo largo de toda la sección aérea y se soterrará un tramo de 950 metros, todo ello con el objetivo de reducir el riesgo de colisión de aves con las líneas de transmisión.
La compañía también destaca que el proyecto contribuirá a la mejora de la infraestructura energética de la región, ya que la nueva línea tendrá capacidad adicional para evacuar energía generada por otros futuros proyectos eólicos en la zonasin necesidad de duplicar líneas.
"No se están construyendo nuevas líneas, sino que se está utilizando el corredor eléctrico existente para la nueva infraestructura", subrayan. Además, CIP señala que, siguiendo lo ordenado por elórgano autonómico competente en Valencia, “se desmantelará la línea antigua una vez se termine de construir la nueva, restaurando a su estado natural los terrenos por los que discurre”.
Por otro lado, la Plataforma No a la MAT mantiene una postura crítica respecto al proyecto y considera que su ejecución no es tan sencilla como CIP plantea y conlleva un gran impacto ambiental.
En cuanto a las negociaciones con los municipios afectados, la Plataforma también muestra su desconfianza. Aunque CIP asegura que las negociaciones con algunos ayuntamientos están avanzadas y garantizará un impacto socio económico muy positivo y un estímulo económico para toda la zona por la que se desarrollará el proyecto.
Por contra, desde la Plataforma esgrimen estrategias de chantaje con los vecinos y ayuntamientos. “En caso de ejecución del proyecto la administración y la empresa estarán obligadas a compensar a todos los municipios por igual según la afección en cada término municipal. No van a dar más a un municipio que a otro dependiendo si firman ahora o no, se trata de una estrategia de presión”, sentencian.
Por el contrario, desde la empresa destacan que el proyecto reportará beneficios que repercutirán positivamente en la economía local. Los alcaldes de ElsPorts tienen posturas diversas. En Portell, Álvaro Ferrer, ve con buenos ojos el proyecto y admite estar negociando para “conseguir los máximos beneficios posibles para los vecinos y para el pueblo”.
Por su parte, Mireia Mestre también admite negociaciones aunque matiza que por el momento lo que más le importa es “estamos pendientes que nos respondan y acepten unas modificaciones del trazado que para nosotros son fundamentales”, sostiene.
Desde el punto de vista económico, “tenemos una propuesta de la empresa de compensaciones que queremos negociar con la empresa para obtener el máximo beneficio para nuestro pueblo". En el extremo opuesto se encuentra el alcalde de Morella que no ha negociado con la empresa pese a las demandas de la compañíadesde hace meses.
Los ayuntamientos de la parte turolense del proyecto, por su parte, agrupados en la Asociación Viento Alto, formada por los alcaldes de La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo, se muestran totalmente entregados al proyecto.
“Trabajamos en acciones que redunden lo más directamente posible en el bienestar de los vecinos en cada municipio, como una bajada sustancial del IBI que, sumado a la bonificación de la factura eléctrica, suponga más poder adquisitivo para las familias. ” explica Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid y presidente de la asociación Viento Alto.
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