La justicia da la razón al Ayuntamiento de Burriana para recuperar los avales de Sant Gregori

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha inadmitido el recurso presentado por una entidad bancaria contra la decisión del Ayuntamiento de Burriana de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba acuerdos previos del PAI Sant Gregori.

La resolución confirma que el consistorio actuó correctamente al exigir la devolución de los avales depositados y rechaza los argumentos de la parte recurrente, al considerar que la cuestión ya estaba resuelta en anteriores procesos judiciales.

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Valoración del alcalde

El alcalde, Jorge Monferrer, valora la decisión judicial como «un respaldo a la firmeza» con la que han actuado para «defender los intereses de la ciudad y garantizar la seguridad jurídica del PAI». 

El auto determina que el recurso debía haberse planteado como un incidente de ejecución de sentencia y no como un nuevo procedimiento judicial, dado que la cuestión central radica en la interpretación y aplicación de la resolución del TSJCV. Además, establece que existe «cosa juzgada», ya que los acuerdos municipales impugnados han sido validados en anteriores procedimientos judiciales, lo que a juicio del primer edil refuerza la firmeza de las decisiones adoptadas hasta ahora.

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La recuperación de más de 9,5 millones de euros en avales supuso un punto de inflexión en el desbloqueo del proyecto. «La sentencia corrobora que la vía que tomó el consistorio, y una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar al entrar a gobernar, fue acertada y, así, recuperar el dinero», esgrime el primer edil.

Y añade que «es una buena noticia que la justicia diga que esos avales tienen que estar en el Ayuntamiento», incidiendo en que están «más cerca de conseguir desbloquear el desarrollo del PAI»: «Nos respalda para seguir avanzando y que la urbanización sea una realidad».

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Siguientes pasos

Dentro de los flancos abiertos para que el proyecto urbanístico progrese está la liquidación del urbanizador. De este modo, el primer edil adelanta a Mediterráneo que esperan poder hacerlo próximamente, ya que la empresa contratada por el consistorio para hacer el peritaje de las obras ha concluido su tarea.

Hay que recordar que hasta junio de 2023, fecha en que realizaron la última certificación, los trabajos habrían avanzado un 7,8% del total y ahora hay que comprobar si el porcentaje de avance de las obras en la zona es correcto o no, pudiendo ser superior o inferior.

Además, también licitarán en breve un nuevo programa de obras que pasará por exposición pública y estará bajo la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup). 

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