Aviso del CHJ: La basura que tiran los okupas al barranco debe limpiarla la Vall

La gestión de la basura que los okupas del edificio de la calle Alfondeguilla de la Vall d’Uixó lanzan al barranco es competencia exclusiva del Ayuntamiento.

Así ha respondido la Confederación Hidrográfica del Júcar a la posibilidad que barajaba el consistorio, de pedir a la administración estatal su parte de responsabilidad en este asunto, al depender de ella todos los barrancos de la cuenca.

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Desde la CHJ ratifican que «los vertidos en cuestión, principalmente residuos domésticos, se producen en un tramo del barranco que discurre por la trama urbana, por lo que su gestión corresponde a la autoridad municipal».

Y ahondan más en la cuestión. Recuerdan que el Ayuntamiento de la Vall ya intentó imputarle a la CHJ una problemática similar, en junio del 2024, relacionada con un vertido de escombros y muebles en el río Belcaire.

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Las razones del consistorio en aquel momento fueron que los terrenos eran de titularidad estatal y, por tanto, al no haber podido identificar al autor del vertido, la responsabilidad legal es del propietario del terreno, equiparando así el tratamiento de una propiedad privada a una pública. 

Reclamación sin efecto

La confederación «interpuso recurso de reposición y, como resultado del cual, el consistorio dejó sin efectos la resolución sancionadora». El caso de los vertidos de los okupas sería el mismo.

Argumentan desde la CHJ, que «el cauce tiene carácter de dominio público hidráulico siendo, por tanto, un bien demanial».

Eso significa que «no es propiedad privada de la Administración», sino de «uso general o común», por lo que «cualquier ciudadano tiene el derecho de hacer uso de estos bienes, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza». En resumen, argumentan que no se le puede atribuir a la confederación ninguna responsabilidad sobre lo que los ciudadanos hacen sobre unos terrenos que son de todos.

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Quien sí que la tiene directa sobre el asunto es el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, en cuanto a cuál es la administración a la que le compete «el servicio público y obligatorio de la gestión de residuos», a lo que precisan que la legislación establece que ese deber le «corresponde de forma obligatoria a las entidades locales» y citan el artículo 12.5.a de la Ley 7/2022, donde se establece, así como el 12.5.d, en el que se define que el consistorio tiene la obligación de «ejercer la potestad de vigilancia e inspección». 

En este sentido, concluyen que «el Ayuntamiento no puede desentenderse de la prestación de este servicio esencial y obligatorio que le corresponde».

Y le atribuyen una responsabilidad más que tiene que ver con la okupación del inmueble. 

Posibles sanciones

Explican que, si presuntamente, el Ayuntamiento, que es el que ha concedido la licencia de construcción, hubiera autorizado «tácitamente o no evita su ocupación antes de que se haya ejecutado plenamente la urbanización, será responsable de los vertidos ilegales al cauce público», una advertencia implícita a que, quien podría ser sancionado por el caso sería el municipio.

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El concejal de Sostenibilidad, Marc Seguer, confirma que ha recibido por escrito la respuestas de la CHJ con estas argumentaciones y recuerda, que su departamento ya había reservado una partida específica para la limpieza de ese tramo del barranco Aigualit, que se realizará en breve. Aunque advierte de que limitarse a limpiar la basura no va a solucionar el problema de los vertidos. 

Una de las soluciones que barajaban era la colocación de cámaras de vigilancia para identificar a quienes hacen los vertidos, dado que desconocen qué persones están viviendo en el edificio okupado.

Como ya avanzó Mediterráneo, así se ha solicitado a Subdelegación del Gobierno en Castellón, donde han detallado a este periódico que no es una decisión que corresponda tomar a la administración estatal, sino a la Comisión de Vigilancia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, donde se planteará la petición en la próxima reunión. Seguer indica que, en conversaciones con Subdelegación, les indicaron que existen posibilidades de que sí que se conceda el permiso, por la naturaleza del problema.

A su modo de ver, sería la única manera de plantear una solución efectiva, porque podrían denunciar a quienes, en realidad, están ensuciando el barranco.