Nules pondrá fin a las filtraciones del párking subterráneo

En pleno episodio de alertas meteorológicas, el Ayuntamiento de Nules decretó el cierre del acceso a la segunda planta del aparcamiento subterráneo, una de las restricciones que van a mantener los próximas días a pesar de que ha mejorado la situación, según confirmó ayer el alcalde, David García, quien también recordó que en el presupuesto municipal han reservado una partida para acometer una reforma en esta infraestructura con la finalidad de detener las filtraciones que provocan las acumulaciones de agua en su interior.

Los usuarios del párking se han encontrado en más de una ocasión con charcos, que no deberían producirse en una instalación cubierta. El primer edil confirmó que tras buscar el origen de las filtraciones han podido «identificar la causa» y van a destinar unos 44.000 euros a solucionar el problema.

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El concejal de Edificios Municipales, Adrián Sorribes, detalla que pensaban que «era un problema del párking, pero realmente es de la tubería que discurre en paralelo, de manera que en el interior de las instalaciones no se hará nada ni será necesario cerrarlas».

Las obras estaban previstas para el mes de octubre del 2024, pero la empresa adjudicataria pidió posponerlas porque «tenían toda la maquinaria trabajando en la reconstrucción de los pueblos valencianos afectados por la dana». Al cambiar de ejercicio, han tenido que «esperar a la aprobación definitiva del presupuesto municipal», por lo que el inicio de los trabajos previstos es inminente.

Secuestro de la concesión

El Ayuntamiento invierte en esa mejora porque el aparcamiento, pese a que fue construido por una empresa privada que iba a gestionarlo durante 30 años, desde el 2017 está en manos municipales. El gobierno local decidió secuestrar la concesión porque la gestora decidió cerrar el párking al considerarlo deficitario e insostenible. En el 2018, volvió a prestar servicio, en manos del consistorio.

Esa decisión acabó en los tribunales, porque la entidad bancaria que financió la construcción a través de una hipoteca reclamó al consistorio el pago de los 2,6 millones de euros que le adeudaban. A principios del 2023 conocieron la resolución judicial, que daba la razón a lo defendido por el Ayuntamiento. El alcalde señala que tienen claro que por «la retirada de la concesión, el Ayuntamiento tendrá que pagar», pero no los 2,6 millones que reclamaba el banco (la empresa cesó su actividad). De hecho, en la valoración realizada por los servicios técnicos rondaba los 750.000 euros.

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