El problema de los okupas llega al pleno de Almassora: "El Ayuntamiento y los vecinos estamos indefensos"

"El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema real en España tal y como demuestran las cifras, con más de 80.000 viviendas ocupadas ilegalmente y 25.000 inquiokupadas. Y es que, desde que Pedro Sánchez y el PSOE están al frente del Gobierno Central, la ocupación ilegal ha aumentado un 40% y Almassora no es, por desgracia, ajena a esta problemática con decenas de viviendas ocupadas y el consiguiente problema de seguridad y convivencia que ello genera.

Todo ello, en buena medida, por culpa de un Gobierno Central que obvia su papel legislador a la hora de garantizar la protección del derecho a la vivienda (que es un principio rector del artículo 47 CE) y el derecho a la propiedad privada. De hecho, la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. 

El Código Penal contiene, en primer lugar, el delito de usurpación en el artículo 245 CP, como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupación (en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo 720/2018, de 13 de diciembre de 2018).

La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda que se contiene en el mencionado artículo 250.1.4.o de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue modificado por la Ley 5/2018, de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos y agilización de procedimiento.

En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en la que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Las tres vías jurídicas redundan en una protección legal de la propiedad privada y del derecho a la vivienda que ambiciona frenar una forma de delincuencia a la que el actual Ejecutivo Central parece no querer poner coto y que en Almassora arroja una realidad preocupante.

Sin ir más lejos, en los últimos años se han registrado cerca de un centenar de altas nuevas anuales en el padrón de okupas ilegales con el problema que comporta, en primera instancia, para propietarios y vecinos de las casa okupadas. Un problema que redunda en la gestión municipal ya que las administraciones locales están obligadas a empadronar y dotar de servicios a aquellos ciudadanos que de forma ilegal acceden a una vivienda sin ser de su propiedad. 

Este fenómeno nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza. Los okupas son delincuentes organizados. Y, por ello, al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja, y al vulnerable se le protege.

Por ello, es imprescindible que la ley, como así lo hace la Ley Antiokupación redactada por el Partido Popular, garantice el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas.

De igual modo, la inquiokupación es un fraude de ley y como tal debe ser tratada.

Por todo ello, es necesario modificar el marco legal para plantar cara a la ocupación y usurpación de viviendas, evitar distorsiones, contemplar un bien jurídico que aún no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa y proteger a los propietarios y sus bienes".