La Audiencia Provincial ordena reabrir el 'caso Chatarra' al apreciar indicios de delito de malversación y prevaricación en Vinaròs

Nuevo capítulo judicial en el caso de la presunta venta irregular de chatarra por parte de miembros de la brigada municipal de Obras y Servicios de Vinaròs. La alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI), ha informado este martes en el salón plenario, acompañada del vicealcalde Juan Amat (PP), que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el auto de sobreseimiento y archivo provisional emitido por el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Vinaròs (que fue recurrido por el Ayuntamiento) y ha ordenado la continuación del proceso por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra todos los implicados en este proceso.

Entre ellos se encuentran, además de varios responsables de la brigada, el exalcalde socialista Guillem Alsina y la exconcejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, ambos concejales del PSPV-PSOE en el consistorio vinarocense en la actualidad. Alsina también está investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. 

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En relación al presunto delito de malversación, el auto de la Audiencia Provincial indica que “el informe de la Intervención municipal deja pocas dudas acerca del concepto de caudales públicos de los bienes que se enajenaban de que el importe que se pudiera obtener de la venta de los mismos debería ser reintegrado al fondo público municipal, lo que no se hizo”. Y añade que “en cuanto al ánimo de lucro es evidente que invertir el dinero obtenido en comidas y regalos colma tales exigencias”.

Respecto de la cuantificación del daño producido a las arcas municipales, el auto señala que “no parece complicado fijarlo en la diferencia entre la suma de los ingresos documentados en los apuntes contables intervenidos y el importe ingresado en las cuentas municipales”.

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Indicios de malversación y prevaricación

El auto también indica que “en cuanto al conocimiento por parte de Alsina y Morellà existen indicios de que, efectivamente, lo consintieron”. Y respecto de Alsina, siendo concejal de Obras y Servicios entre 2015 y 2019 y posteriormente alcalde, que “no parece razonable que, si los restos de materiales que se acopiaban en el almacén municipal luego desaparecían, no llegara a preguntar nunca qué se hacía de los mismos”.

También señala el auto que una grabación incorporada por el querellante de la conversación mantenida con Alsina “alimenta la tesis de que éste conocía lo que pasaba. La negativa a cumplir las recomendaciones contenidas en el informe del secretario municipal, negándose a firmar las providencias, lo refuerzan”. Según este auto, “las declaraciones también vinculan a la entonces concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà con el conocimiento de lo que sucedía”.

En relación al presunto delito de prevaricación sobre Alsina, el auto indica que “desde la denuncia en junio de 2022 hasta el 6 de octubre de ese año no se realizó ninguna actuación por parte del ayuntamiento, cuando se trataba de una denuncia por hechos graves”.

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Amat: “No hay cacería política”

El vicealcalde, Juan Amat, subrayó que el gobierno municipal “solo ha salido a dar informaciones públicas sobre este caso cuando ha habido una resolución definitiva”, y acusó a los socialistas de haber realizado declaraciones prematuras al respecto. “Hoy podemos concluir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Dijeron que había una sentencia absolutoria, cuando solo hubo un sobreseimiento provisional. Un archivo que fue recurrido por el ayuntamiento, y los socialistas trataron de venderlo en sus comparecencias como una cacería política. Nada más lejos de la realidad. Hubo un gobierno municipal diligente que cumplió con su obligación. Ahora se nos ha dado la razón a los que pensábamos que hay sobrados motivos para sentar en el banquillo de los acusados a Alsina y Morellà. Tres magistrados de la sección primera de la Audiencia provincial lo han determinado por unanimidad”, señaló Amat.   

Tanto Miralles como Amat defendieron el motivo por el que el Ayuntamiento decidió recurrir el auto de sobreseimiento provisional que emitió el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 en septiembre del pasado año. Entonces, tras conocer la resolución de este juzgado., según Amat, el equipo de gobierno valoró los informes de la dirección letrada del consistorio, que calificó de necesario interponer el recurso para evitar que el sobreseimiento repercutiera en contra de los intereses municipales, mientras que un informe del vicesecretario no lo consideraba conveniente.

“Tenía mucha más entidad y autoridad que cualquier funcionario de esta casa el abogado del Ayuntamiento, que es quien ha evaluado toda la documentación de la instrucción. Lo que era una anomalía era que el vicesecretario se apartara del criterio del abogado”, indicó el vicealcalde.

Amat continuó que “lo que estamos diciendo es que hay indicios racionales para que ambos sean juzgados. Los hechos son lo suficientemente graves como para que tres magistrados de la Audiencia Provincial hayan coincidido por unanimidad en que estos hechos hay que juzgarlos”.    

Explicaciones y dimisiones

El vicealcalde consideró que tanto Alsina como Morellà deberían dimitir. “Ambos dijeron en su momento que si eran procesados lo harían. Ha llegado el momento en que van a serlo y ha llegado el momento en que asuman sus responsabilidades políticas. El Ayuntamiento de Vinaròs no merece a un líder de la oposición sentado en el banquillo de los acusados por estos presuntos delitos”, indicó.

Amat también dijo que ambos concejales socialistas deberían salir a dar explicaciones. “Hace una semana que han recibido esta resolución y aun no han salido públicamente a dar explicaciones. Los hechos son graves y esperamos que lo hagan y dimitan”, concluyó.