La Vall d'Uixó gasta 2.000 euros en limpiar el barranco que ensucian los okupas

El Ayuntamiento ha contratado a una empresa que ha retirado una gran cantidad de residuos, ya que el consistorio se expone a sanciones si no realiza en mantenimiento adecuado

Foto del antes (lleno de basura, izquierda) y después (tras retirar los residuos, derecha) del barranco de Aigualit en la Vall.

Foto del antes (lleno de basura, izquierda) y después (tras retirar los residuos, derecha) del barranco de Aigualit en la Vall. / Mònica Mira

A los vecinos de la Vall d’Uixó les ha costado 2.000 euros la limpieza de la basura que los okupas de un edificio de la calle Alfondeguilla han estado tirando de manera sistemática al barranco de Aigualit, sobre el que se alza la estructura. 

Y lo han pagado los vecinos porque ese dinero ha salido del presupuesto municipal, dado que, como advirtió la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el mantenimiento del cauce, al estar dentro de la trama urbana, es competencia y responsabilidad del consistorio e incluso podría exponerse a sanciones de no realizar el adecuado mantenimiento, especialmente al tratarse de basura. 

En circunstancias normales, ese gasto se le repercutiría al autor o autores del vertido o al propietario del terreno sobre el que están los residuos, pero ahí está el problema del Ayuntamiento.

Por un lado, los okupas del inmueble no están identificados y, legalmente, ni la Policía Local ni el personal de Servicios Sociales puede acceder al interior del edificio, por lo que no saben siquiera cuántas personas viven en él. 

En cuanto a la titularidad del barranco, el consistorio señaló que estaba estudiando la posibilidad de que la CHJ, a quien le corresponde la tutela y gestión de barrancos y ríos, se hiciera cargo de ese coste, pero desde la entidad estatal clarificaron que esos terrenos son de titularidad pública y, por tanto, es de todos los ciudadanos y no pueden recibir el mismo tratamiento que una propiedad privada.

Solicitud de cámaras

La conclusión es que, una vez más, al Ayuntamiento le ha tocado pagar por la limpieza de residuos depositados de forma ilegal por personas no identificadas. La diferencia sustancial con cualquier otro caso de similares características, es que en este existe la certeza de que la basura se está tirando desde el edificio y sus ocupantes, por identificar, son los responsables.

Esa es la razón por la que han solicitado instalar cámaras de vigilancia en la parte trasera, que es desde donde se tira la basura. El Ayuntamiento argumenta que, como en otros puntos de vertido incontrolado identificados, es la única herramienta efectiva, tanto desde un punto de vista persuasivo como para identificar a los autores y poder sancionarles.

El concejal de Sostenibilidad, Marc Seguer, explica que los técnicos están realizando los informes para remitir la solicitud a la junta de seguridad de la Delegación del Gobierno, que se celebrará en menos de un mes, para conseguir la autorización.

El edil insiste en que «la situación volverá a repetirse» y el municipio deberá seguir gastando dinero que podría estar destinando a otras acciones en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

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