La Vall d'Uixó anuncia el cierre de la residencia y reubica a los mayores en una privada

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó va a cerrar el Hogar Sagrada Familia, una medida que llevará aparejada la reubicación de los 64 usuarios actuales a la nueva residencia de mayores, de gestión privada, construida en la Colonia San Antonio, cuya apertura es inminente.

En cuanto al personal, anuncian que los 32 funcionarios de la plantilla (el 72,5% del total), pasarán a formar parte de los Servicios Sociales del municipio. La noticia fue comunicada ayer a las familias.

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En una comparecencia pública, el equipo de gobierno señaló que esta drástica medida se ha tomado porque «la situación es insostenible». Una inspección reciente del inmueble advirtió que «no reúne las condiciones de seguridad» exigibles a unas instalaciones de estas características.

Construido a mediados del siglo XX, no es de titularidad municipal, fue cedido por Caixa Rural la Vall San Isidro con esa finalidad. Una cesión que, además, se extingue el mes que viene.

El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, incidió ayer en que «es un paso difícil, pero imprescindible» y reivindicó que hasta la fecha «la residencia de la Vall ha funcionado por el esfuerzo político, social y económico del Ayuntamiento», que ha soportado, asegura, una «infrafinanciación crónica» por parte de la Generalitat, a la que la ley valenciana de Servicios Sociales del año 2019, le atribuye la gestión de las residencias públicas, recuerda.

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Y en este punto estriba otra de las causas de este desenlace, según el gobierno local. En la legislatura pasada, todavía con el Govern del Botànic, la Generalitat inició los trámites para formalizar la transferencia de esa gestión, pero se paralizaron con el cambio de gobierno.

«El diálogo se ha visto interrumpido y el traspaso se ha bloqueado definitivamente, con la aprobación de una ley que lo retrasa hasta el año 2030», exponen en el comunicado con el que explican a la ciudadanía el nuevo escenario.

Reubicaciones y personal

La alcaldesa, Tania Baños, explicó que, a través del Contrato Programa, el Ayuntamiento asumirá el coste que genere la reubicación en la residencia que Novaedat ha construido en la ciudad. De las 120 plazas disponibles, 64 serán para los usuarios de la Llar Sagrada Familia, pagadas con dinero público.

Otro gasto del que se hará cargo el consistorio será el de la contratación de los 35 funcionarios que forman parte de la plantilla. Un coste de 800.000 euros anuales «que asumiremos a pulmón, para reforzar la atención de la gente mayor de nuestra ciudad».

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Esta incorporación de personal permitirá, detalla, mejorar el servicio de atención a domicilio y ampliar las plazas del centro de día. El resto de trabajadores, serán despedidos.

De manera complementaria, anuncian que pondrán a disposición de la Generalitat unos terrenos en el barrio Carmaday «para que construya lo más pronto posible una residencia pública».

La residencia de Novaedat aún no está abierta, pero sí lista para hacerlo «en condiciones de seguridad y calidad», concluye Baños.