Cerco a los okupas en Orpesa: la Sareb regulariza viviendas y fuerza desahucios
Un dispositivo conjunto diferencia entre las familias vulnerables, con las que se firman contratos de alquiler asequibles, de las conflictivas, para conseguir que abandonen las viviendas por la vía judicial

El foco de okupación en cuestión afecta a las calles Racholar, Port de Querol y Peñagolosa de Els Quarts, en Orpesa. / E. B.
E. B.
Orpesa pone cerco al foco de okupación detectado en varias promociones de adosados de la zona de Els Quarts en los últimos años mediante la regularización de un tercio de las viviendas afectadas y forzando desahucios. El dispositivo conjunto, formado por las diferentes partes implicadas y afectadas, empieza a dar sus frutos.
Y es que a raíz de la problemática denunciada por los vecinos, el Ayuntamiento promovió unas reuniones de coordinación para trabajar con el objetivo común de reducir el foco y restablecer el orden y la legalidad en esta zona.
Los encuentros, liderados por la alcaldesa, Araceli de Moya (Cs), junto al vicealcalde, Rafael Albert (PP), y el portavoz de Vox, Juan García, reunieron a representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietarios de los inmuebles en cuestión, los cuerpos de seguridad (Policía Local y Guardia Civil) y Servicios Sociales, además de participar en algunos de ellos los vecinos, con la intención de coordinar un plan.
Vulnerables o conflictivos
Desde entonces trabajan en la diferenciación de dos tipos de habitantes ilegales de estas casas, los que presentan una vulnerabilidad y los que son conflictivos, y ambos deben quedar demostrados con los pertinentes informes oficiales para seguir con los procedimientos.
Por un lado, las familias que son consideradas como vulnerables son las avaladas con documentos del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, tras haber colaborado en el proceso y haber constatado esta condición.
En estos casos, la Sareb les ofrece un contrato de alquiler con una cuantía adaptada a sus circunstancias económicas particulares, que realmente puedan asumir, así como un programa de acompañamiento, en el que se les asesora sobre las ayudas a las que pueden optar y los trámites que deben realizar. Además, se les va informando de las ofertas de empleo adecuadas a su perfil, con la finalidad última de que puedan ir integrándose en la sociedad.
Y, como todo contrato, también conlleva normas de convivencia que los inquilinos deben cumplir. Ya se han firmado tres contratos sociales y se estima que superarán la decena, ya que otros de ellos están en trámites de formalizarse, según fuentes oficiales de la Sareb consultadas por este periódico.
Y, por otro lado, trabajan en forzar el desahucio de los okupas que, mediante partes de la Policía Local, queda acreditado que son conflictivos y no colaboran. En este caso, la única vía es la judicial. Y ya está en marcha el proceso para recuperar unas 12 viviendas, según indicaron las mismas fuentes.
«Los vecinos pedían que hiciéramos algo con este tema y consideramos que lo mejor era empezar con reuniones de coordinación, y están teniendo estos resultados», según explicó este miércoles De Moya. Una de las medidas adoptadas fue reforzar la presencia policial: «Hay mucha más supervisión de la Policía Local y la Guardia Civil, y tareas de identificación. Además, la Sareb instala alarmas en las viviendas ya deshabitadas y estamos coordinados todos para reforzar la vigilancia y actuar de inmediato para evitar que vuelvan a ser okupadas».
Investigaciones
La munícipe destacó que entre los objetivos principales para lograr poner coto definitivo a esta problemática también realizan las investigaciones necesarias para llevar a cabo la detención de las personas que pueden estar cometiendo delitos, como actividades delictivas y el cobro por el alquiler de inmuebles que no son de su propiedad: «Es fundamental identificar a estas personas organizadas que se aprovechan de la desgracia de familias para hacer negocio, y es por lo que luchamos y estamos dispuestos a seguir trabajando».
Este foco de okupación afecta a varias promociones de viviendas adosadas , más de 25 en las calles Racholar y Port de Querol y más de una quincena en el vial Peñagolosa. El pasado año, los vecinos denunciaron la inseguridad de la zona y actos vandálicos e ilegales, como peleas, gritos, robos, ruidos, acumulación de residuos y actividades delictivas. También advirtieron de la presencia de menores pequeños merodeando solos por las calles y cruzando carreteras.
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