Los exalcaldes de Cabanes niegan cualquier relación con los contratos y la Fiscalía mantiene las penas

Después de diez años de investigación y dos jornadas de proceso, el juicio contra tres exalcaldes de Cabanes (Artemio Siurana, Francisco Artola y Estrella Borrás) por presunta prevaricación y adjudicación irregular de contratos ya está visto para sentencia.

La Fiscalía, en el caso de Artola y Borrás, ha reducido su petición de pena en un año y ha solicitado siete años de inhabilitación para cargo público para los exmunícipes. Por su parte, ha reafirmado los diez años de inhabilitación para Artemio Siurana. 

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Además, ha retirado la acusación contra el antiguo jefe de Urbanismo del consistorio, José Vicente Guimerá, y ha mantenido la solicitud de dos años de prisión, seis años de inhabilitación y el pago de costas para Rubén Bellido y Juan Antonio Juncos, el arquitecto municipal de Cabanes y su socio en un despacho de arquitectura respectivamente, por delito continuado de tráfico de influencias.

El Ministerio Fiscal ha defendido ante la juez de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que Bellido (excandidato del PP a la alcaldía de Benicàssim), después de entrar en el Ayuntamiento de Cabanes como arquitecto municipal interino, aprovechó esta condición para conseguir trabajos a su colega de despacho.

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Así, entre 2008 y 2013, los sucesivos alcaldes, todos ellos del PP, adjudicaron un total de 28 contratos menores a Juan Antonio Juncos por una cantidad de 211.115,84 euros.

Estos acuerdos se realizaron sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo el procedimiento preceptivo. Los hechos fueron denunciados en 2013 y 2014 por el exedil de Compromís en el consistorio, Carles Mulet.

Sesión de más de cinco horas

En la jornada de este viernes del juicio, ha sido el turno de las declaraciones de los seis investigados, así como de las conclusiones tanto de la acusación como de los abogados de la defensa. En otra sesión maratoniana, que se ha prolongado más de cinco horas y media, tanto Borrás como Artola han afirmado en sede judicial que no se ocupaban de la contratación del arquitecto externo en los contratos juzgados.

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Ambos han apuntado que sólo firmaban los documentos al respecto que les hacía llegar la técnico de contratación. Por su parte, Artemio Siurana se ha acogido a su derecho a no declarar.

En sus testimonios, Borrás y Artola también han negado que existiera alguna relación con el arquitecto municipal, más allá de la estrictamente profesional.

Artola, alcalde de Cabanes desde junio de 2011 hasta agosto de 2012, ha aseverado a preguntas de su abogada defensora que los contratos en esa época «se seguían haciendo como se venía haciendo hasta entonces. En ningún momento consulté con a nadie por qué se contrataba a este arquitecto en concreto».

Estrella Borrás, que gobernó el municipio desde septiembre de 2012, ha declarado que «me encontré con lo que ya había» a la hora de cerrar estas contrataciones. También ha afirmado que, en ningún momento, fraccionó proyectos para que los encargos fueron menores y se pudieran tramitar sin pasar por el procedimiento negociado.

En busca de obra pública

También han prestado declaración los otros dos acusados, los arquitectos Rubén Bellido y Juan Antonio Juncos. Los dos han reconocido su relación profesional, a través del despacho de arquitectura que comparten, y en el caso de Juncos ha afirmado que «en el año 2008, hubo una crisis económica tremenda y, en el único sector en el que había trabajo era el público. Por eso, me ofrecí a los ayuntamientos de Benicàssim, Vilafamés, Orpesa y Cabanes».

Bellido ha reconocido que, en aquel momento, «Juncos me preguntó si en Cabanes tenían algún arquitecto contratado» y también ha apuntado no tener ninguna relación personal con los tres exalcaldes juzgados.

También se ha desmarcado de las contrataciones el que fuera jefe de Urbanismo, José Vicente Guimerá. En su intervención, el funcionario ha recalcado que «siempre era el alcalde quien decidía a qué persona se contrataba. Yo no tenía poder de decisión. Aparte, nadie me preguntó por el tema de la contratación».

A preguntas de su abogado, el que también fuera secretario accidental del consistorio, ha justificado los 28 contratos que se han examinado durante el proceso.