El PAI Sant Gregori sortea el juicio contable y allana su desarrollo con gestión directa en Burriana

El Ministerio Fiscal concluye que no existe responsabilidad en la gestión por parte del Ayuntamiento por no reclamar penalidades

La sentencia del TSJCV cierra la puerta a la imposición de sanciones

El objeto de la investigación surgió a raíz de una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude.  | MEDITERRÁNEO

El objeto de la investigación surgió a raíz de una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude. | MEDITERRÁNEO

Burriana

El Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre el PAI Sant Gregori, a la que el Ayuntamiento de Burriana compareció como perjudicado, al considerar, a propuesta del Ministerio Fiscal, que no procede incoar juicio contable. Esta decisión allana la intención de desarrollar el PAI por gestión directa.

El proceso surgió a raíz de la denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude. Señalaba que el consistorio no reclamó penalidades al urbanizador por valor de más de 21 millones de euros pese a los incumplimientos contractuales detectados.

El pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento fue citado por el órgano fiscalizador en Madrid como posible perjudicado por la gestión del PAI. La denuncia apuntaba que el consistorio habría incurrido en una omisión contable al no actuar frente a los reiterados incumplimientos del agente urbanizador.

Según el informe, la administración municipal tenía dos alternativas: resolver el contrato o imponer penalidades. El anterior equipo de gobierno no optó por ninguna de ellas en su momento, lo que motivó el inicio del expediente.

Como avanzó Mediterráneo, el Ayuntamiento defendió su «transparencia» en la gestión del proyecto y su colaboración con los órganos fiscalizadores.

En 2023, ya con el nuevo equipo de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) dictó una sentencia que marcó un punto de inflexión: anuló todos los actos administrativos relacionados con el PAI desde 2016, retiró la condición de agente urbanizador a la empresa promotora y ordenó la incautación de avales y garantías por valor de 9,5 millones de euros.

Este fallo supuso la resolución judicial del contrato, lo que dejó sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones contractuales. Fuentes municipales explicaron que la sentencia subsana legalmente la inacción administrativa detectada, al extinguir la relación entre ambas partes por la vía judicial.

Respaldo a la gestión

El alcalde, Jorge Monferrer, valora la decisión del Tribunal de Cuentas como un respaldo a la gestión del actual equipo de gobierno. «Nos reafirma en una de las primeras decisiones que tomamos y nos permite aunar esfuerzos en lo importante: sacar adelante el proyecto y ofrecer un futuro laboral y económico más favorable a las futuras generaciones», remarca.

El primer edil apunta que, según el informe encargado por el consistorio a una empresa especializada y avalado por los técnicos municipales, «la gestión directa del la urbanización es la opción más viable para finalizar el proyecto, dar seguridad jurídica a los propietarios y recuperar la confianza de posibles inversores».

Por otra parte, el Ayuntamiento presentó el pasado abril una reclamación por valor de más de 25 millones de euros en el proceso de liquidación de la empresa urbanizadora. Una vez resuelto este procedimiento, el siguiente paso será la redacción de un nuevo programa urbanístico. Los técnicos trabajan en los pliegos y avanza la intención de hacer realidad el PAI.

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