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Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: "Es de vital importancia"

La única oficina bancaria cerró hace 8 meses y ahora los vecinos solo disponen de un servicio itinerante los lunes o deben desplazarse a otro municipio a 20 km para sacar dinero

Vista general de Villahermosa.

Vista general de Villahermosa. / MEDITERRÁNEO

¿Se imaginan tener que conducir más de 20 kilómetros para sacar dinero, gastándose casi más en gasolina que el efectivo que necesitan? En un municipio pequeño, disponer de oficinas bancarias o cajeros automáticos evita desplazamientos innecesarios y facilita la vida cotidiana. El acceso inmediato al dinero en metálico es clave para las personas mayores o con movilidad reducida. Además, permite que el efectivo circule en el comercio local y refuerce la economía del pueblo. Por eso, un simple cajero automático se convierte en un servicio esencial para mantener la autonomía de los vecinos.

Ese servicio, sin embargo, se perdió hace aproximadamente ocho meses en Villahermosa del Río, cuando cerró la oficina de Cajamar, la única entidad bancaria que operaba en el municipio. Desde entonces, los vecinos de esta localidad del Alto Mijares de apenas 490 habitantes (INE 2024), dependen del cajero itinerante que acude únicamente los lunes por la mañana para realizar gestiones básicas. Una solución que el alcalde, Luis Rubio (PP), cree «claramente insuficiente» para las necesidades del pueblo. Si quieren sacar dinero otro día que no sea el lunes deben desplazarse a Llucena, a más de 20 kilómetros de distancia.

La consecuencia del cierre de la oficina bancaria, explica el primer edil, es que ahora, para evitar la exclusión financiera, es el Ayuntamiento -es decir, los vecinos- quien debe asumir el coste de recuperar un servicio que, a su juicio, debería estar garantizado por las entidades, que tendrían que mantener servicios mínimos en municipios rurales y/o en riesgo de despoblación, aunque no sean rentables. Considera que el Estado debería intervenir para garantizarlo.

«No es lógico que un pueblo pequeño tenga que pagar por tener un cajero permanente, mientras municipios más grandes cuentan con oficinas y terminales sin coste añadido», lamenta Rubio.

Para solventar la situación, el consistorio ya ha movido ficha y ha sacado a licitación la instalación y mantenimiento de un cajero automático durante cuatro años por un importe de 88.000 euros, IVA incluido. Tal y como consta en los pliegos, el Ayuntamiento entiende «de vital importancia tener a disposición de los vecinos un servicio básico para el acceso al pago de recibos, dinero en efectivo». El acceso a los mismos supone una «condición necesaria para participar en la vida económica y social». «Su falta constituye un obstáculo importante que limita la autonomía económica de las personas y que no solo les impide llevar una vida normal en la sociedad en la que viven, sino que también condiciona su bienestar material».

«Un derecho ciudadano»

En esta línea, recogen que «la Directiva 2014/92/UE del Parlamento europeo y el Consejo reconoce el acceso a los servicios bancarios básicos como un derecho ciudadano y no como una mera actividad comercial de las entidades financieras». Pese a todo ello, explican que la Generalitat Valenciana concede ayudas directas para la instalación de cajeros en determinados municipios, que, junto con la aportación municipal, permiten la financiación de estas actuaciones.

El nuevo servicio se instalará en el local donde operaba Cajamar, un espacio de propiedad municipal situado en la plaza de abajo. El alcalde confía en que pueda estar operativo cuanto antes, especialmente cara a fines de semana y periodos vacacionales, cuando la población crece notablemente.

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