El culebrón Vallpala llega a su fin: Siete años después, Ayuntamiento y propietarios llegan a un acuerdo
El municipio abonará en tres años algo más de 700.000 euros en concepto de lucro cesante, aunque se descontará la deuda de la empresa con el consistorio
Imagen de archivo de las instalaciones de Vallpala antes de que el Ayuntamiento retirara la concesión, en el año 2018. / MÒNICA MIRA
El conflicto iniciado en el 2018 entre el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y la empresa que gestionaba las instalaciones de pádel ubicadas en la avenida Agricultor, conocidas como Vallpala, ha llegado a su fin con un acuerdo, que permitirá recuperar su gestión pública, aunque antes han tenido que pasar siete años de polémicas, sentencias judiciales y acusaciones cruzadas.
La resolución del caso la han anunciado este jueves los tres portavoces del gobierno municipal (PSPV, Compromís y EU), que han coincidido en destacar que lo más relevante del momento actual es la recuperación de las pistas de pádel para el uso público, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fallara contra el Ayuntamiento en el 2022, obligando a devolver el complejo deportivo tal y como estaba cuando se resolvió la concesión.
Los detalles del acuerdo alcanzado serán públicos, según a asegurado la alcaldesa, Tania Baños, para que cualquier ciudadano de la localidad pueda consultar los informes técnicos que lo avalan.
Foto de los tres portavoces del tripartito de la Vall. De izquierda a derecha, Marc Seguer (EU), Tania Baños (PSPV) y Fernando Daròs (Compromís). / Mediterráneo
Tres pagos anuales, hasta 2027
En cuanto a qué le costará a la Vall poner fin a los procedimientos judiciales, la cifra pactada en compensación por el lucro cesante asciende a 705.055,25 euros, que se abonará en tres pagos anuales, hasta 2027. Aunque es una cantidad a pagar con pero. Al total hay que restarle las deudas que mantenía la empresa concesionaria con el municipio en concepto de impuestos, intereses y recargos, lo que rondaría los 120.000 euros, según han precisado fuentes municipales.
Baños ha querido poner en valor «la capacidad de este gobierno municipal para llegar a acuerdos».
Valoración del abogado de los propietarios
Una posición que les ha reconocido el abogado de los propietarios, Paco Alanzor, que tras la firma ha señalado que «creo que hay que felicitar al equipo de gobierno por la valentía que supone firmar acuerdos, porque la norma habitual es que siempre se vinculen a resoluciones judiciales, para evitar decidir, pese a que ello supone en muchos casos tiempo, más dinero y el deterioro de todo, y el perjudicado, al final, siempre es el pueblo».
Alanzor, en nombre de sus representados, asegura que «es el mejor acuerdo para la Vall, al igual que, como el tiempo ha demostrado, sucedió con el que se alcanzó por la piscina de Sant Josep». Una resolución a la que también ha hecho referencia la alcaldesa, que ha incidido a que gracias a esa «capacidad negociadora», que ha permitido que para Sant Josep y para la Vall «se ha abierto un nuevo tiempo y ya está construyéndose el parque acuático».
Los portavoces de Compromís y EU, Fernando Daròs y Marc Seguer, han remarcado que se ha tomado la «mejor decisión» para los intereses del municipio, y se ha resuelto una situación incierta, la que se abrió con la sentencia del TSJCV, porque como ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento no sabía si debía devolver el complejo en la situación en la que se encontraba, especialmente la cafetería, antes o después de detectarse la irregularidad de la ejecución de unas obras sin licencia municipal y que no estaban contempladas en el contrato que firmó en el 2011 el gobierno del Partido Popular.
Los portavoces del gobierno local han incidido, a su vez, en que a los propietarios debía reconocérseles el derecho a recuperar la inversión realizada. Y señalan a un único culpable, el mismo, según han defendido, que motivó el problema que generó el contrato de la recogida de residuos y la limpieza viaria; el de la zona azul o el de la piscina de Sant Josep, «el último gobierno del Partido Popular de Óscar Clavell».
Desde el Ayuntamiento aseguran que la reapertura e las instalaciones de Vallpala será inmediata, para volver a dar servicio a los casi 3.500 usuarios que se aprovechaban de las instalaciones desde el 2019 hasta que la mencionada resolución judicial obligara a cerrarlas.
El PP lamenta el coste que el cierre de Vallpala supondrá a los vecinos
El PP de la Vall d'Uixó lamenta que la alcaldesa, la socialista Tania Baños, "ha condenado" a los vecinos a hacer frente a una indemnización de más de 705.000 euros por la decisión considerada ilegal por los tribunales que tomó junto a su gobierno en el año 2018 y que supuso la retirada de la concesión a la empresa que explotaba las instalaciones deportivas de Vallpala.
Aquella medida, “que la alcaldesa abanderó en solitario es la que hoy hipoteca la economía de nuestra localidad, condicionando las cuentas e impidiendo que este dinero permita mejorar la vida de nuestros vecinos”.
Así lo ha denunciado el portavoz del PP local, Herminio Serra, quien ha señalado que el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa a la que Baños le retiró la concesión supone el pago de una indemnización de 705.000 euros.
“Pagaremos el doble. Por un lado la indemnización por la decisión ilegal que Baños tomó en el año 2018. Por otro lado el coste de la rehabilitación de unas dependencias que durante siete años han estado abandonadas. Todo lo asumirán los vecinos, que se verán privados de este importe millonario para mejorar su calidad de vida”.
"El PSOE, el enemigo de la Vall"
Para Serra, la solución de este caso que se arrastra desde 2018 demuestra, “a las claras, que el PSOE es el peor enemigo de la Vall d’Uixó. No solo desatiende al municipio, es que lo castiga con el pago de indemnizaciones que una gestión responsable hubiera evitado”.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó en un auto, emitido a principios de 2024, la sentencia de diciembre de 2022 del TSJCV. En ella se condenaba la decisión unilateral de la alcaldesa de la Vall, la socialista Tania Baños, de retirar la concesión a la empresa que explotaba estas instalaciones.
“Que no engañen a nadie, esta indemnización es fruto de esa decisión, así se desprende de esas sentencias. En 2018, Tania Baños gobernaba ya desde hacía tres años la Vall, y fue ella y su gobierno los que tomaron la decisión en el pleno municipal. Hace unos meses, la propia alcaldesa nos dijo que la Vall no pagaría nada. Hoy se demuestra que volvía a mentir”, ha añadido el portavoz del PP.
“Hoy la Vall paga el lastre de una alcaldesa que cometió un delito. Y lo pagará este año y en los venideros. Porque esta cantidad económica, que no es baladí, condiciona las inversiones en nuestro municipio para los próximos años. La peor condena para un municipio gobernado por un PSOE que está ya de salida”, ha concluido Serra.
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